La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibió los argumentos de cargo de los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, en el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de Juan Carlos Zevallos, exministro de Salud Pública, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
“Este es el juicio del pueblo ecuatoriano en contra de la indolencia y de la negligencia del Gobierno en el manejo de la salud pública”, dijo Pabel Muñoz, al sustentar sus acusaciones en contra del exministro de Salud, a quien responsabilizó por el hecho que la pandemia haya resultado una catástrofe, por inoperancia.
Muñoz sustentó cada una de las nueve causales que incluye en su solicitud de juicio político, sobre la base de las normas constitucionales, legales y de instrumentos internacionales que han sido violentadas por el Zevallos, en el desempeño de sus funciones como ministro de Salud.
Aseguró que la mala conducción de la pandemia no fue una equivocación, tampoco una reacción tardía, ni mucho menos producto de las circunstancias, sino que demuestra la forma en que concibe lo público el actual Gobierno. Esta actuación inadecuada significó la muerte de más 45 mil ecuatorianos y ecuatorianas en el contexto de la pandemia, lo cual representa un 64.9 % de muertes en exceso, muy por encima del promedio de los demás países de América Latina.
Explicó, además, que el exministro Zevallos no condujo de manera coherente y equitativa el proceso de vacunación contra el COVID-19, lo cual hizo que Ecuador hasta hoy no haya alcanzado la inmunización ni siquiera del 1 % de la población pero, eso sí, generando un sistema de vacunación basado en privilegios para los amigos del régimen. “Es como si la vacunación se tratase de la construcción de un edificio de cien pisos y que, al momento, solo se haya construido el primer piso y en él se incluya gente a la que corresponde entrar en el piso 100, eso pasó con la aplicación de las vacunas”, enfatizó.
De su lado, Ángel Sinmaleza subrayó que su solicitud de interpelación busca una sanción política para Juan Carlos Zevallos, por el evidente incumplimiento de funciones en el ejercicio de la cartera de Salud Pública, más allá del hecho de que el referido ciudadano haya dado un paso al costado.
Su acusación fundamental se refiere a las acciones y omisiones relacionadas con la entrega fraudulenta de más de 3000 carnés de discapacidad, en plena emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19. Aseguró que el exministro, desde el primer día de sus funciones, debió controlar el otorgamiento de carnés de discapacidad y, cuando se le requirió información, jamás entregó la documentación respecto de este caso.
Pidió que se tome como prueba de cargo el informe no vinculante emitido por la Comisión de Salud sobre la investigación de la entrega irregular de carnés de discapacidad, por el cual se comprueba que durante la gestión de Zevallos se otorgaron de manera fraudulenta carnés para alcanzar los beneficios establecidos en la Ley de Discapacidad y que no hizo nada por transparentar la información y, lo que es más, por sí y ante sí, declaró esa información como reservada.
Así mismo, argumentó que el exministro Zevallos no cumplió con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, por el cual se debían otorgar los nombramientos a los profesionales y trabajadores de la salud que tenían contrato de trabajo en primera línea, hasta diciembre de 2020; sin embargo, a esa fecha no se entregó ningún nombramiento, hasta ahora apenas se han concretado 6000 nominaciones permanentes.
El exministro no cumplió, tampoco, con la norma que obliga la entrega de contratos de trabajo a favor de los médicos posgradistas y becarios que laboran en el sistema público de salud del país, pese a que en la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional se alcanzaron compromisos con los representantes de estos sectores de profesionales de salud.
Pruebas de oficio
Luego de la intervención de los asambleístas interpelantes, la Comisión de Fiscalización, con el voto unánime de los nueve presentes, aprobó la moción del asambleísta Esteban Melo, en el sentido de solicitar, como pruebas de oficio, información detallada de la Contraloría General del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como del Ministerio de Salud, respecto de las investigaciones en torno a la compra de bolsas para cadáveres, insumos médicos y de bioseguridad con presunto sobreprecio, al igual que los programas de aplicación de vacunas para distintas enfermedades en niños, jóvenes y adultos, el saldo de vacunas existentes en los centros de salud del país, entre otros temas.
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