Cumplimos con los tres elementos básicos previstos en la Ley de Apoyo Humanitario para el otorgamiento de los nombramientos definitivos a los profesionales y trabajadores de la salud que laboraron durante la emergencia sanitaria, dijo el ministro de Trabajo, Andrés Isch, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por su vicepresidenta, Noralma Zambrano, como parte de las pruebas de cargo solicitadas por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, dentro del juicio político contra Juan Carlos Zevallos, exministro de Salud Pública.
En la sesión virtual 53, Andrés Isch Pérez, titular de la cartera de Trabajo, subrayó que la Ley de Apoyo Humanitario, en su artículo 25, establece tres condiciones básicas para que los profesionales y trabajadores del sistema de salud accedan al nombramiento definitivo: 1. Que sean profesionales o trabajadores de la salud; 2. Que hayan prestado servicios durante la emergencia sanitaria; y 3. Que cuenten con un contrato ocasional o nombramiento provisional. Estos tres aspectos se incluyen taxativamente en el Reglamento y no hay requisitos adicionales, dijo.
Indicó que se han presentado 10 574 solicitudes de concursos para el otorgamiento de nombramientos, en el Sistema Integral de Salud Pública (Ministerio de Salud e Institutos de Seguridad Social General, de Fuerzas Armadas y de la Policía), de los cuales se han declarado 8906 ganadores para los respectivos puestos.
Explicó que las entidades de salud se encargan de planificar la asignación de puestos para disponer los concursos; el Ministerio de Finanzas revisa y asigna los presupuestos; y el Ministerio de Trabajo conforma los tribunales para el desarrollo de los concursos. “Nosotros, como Ministerio de Trabajo, hemos cumplido al 100 % con los requerimientos para la integración de tribunales”, aseguró.
De su lado, Pablo Ruiz, coordinador del Observatorio Ciudadano de Discapacidades y Salud Pública, ratificó que durante la pandemia, en solo dos meses, se otorgaron de manera irregular más de 3000 carnés de discapacidad, sobre los cuales el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se negó a informar ante la Asamblea Nacional.
Enfatizó que los carnés de discapacidad se vendían en Guayaquil por 3000 dólares y, carnés para jubilación, hasta por 7000 dólares, mientras hay personas que han muerto en la espera de obtener este documento que le permita el acceso a los beneficios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades.
No es posible que, mientras ciudadanos que tienen derecho a solicitar un carné de discapacidad están sometidos a una serie de trámites y verificaciones, otras personas que no usan dispositivos para escuchar, ni lentes para ver, acceden a los carnés, de la noche a la mañana, y los utilizan para importar carros de alta gama, libres de impuestos, recalcó.
Entre tanto, Stalin Basantes, especialista en discapacidades, funcionario de la Defensoría del Pueblo, no fue autorizado por el defensor, Freddy Carrión, para intervenir, pues pidió que las consultas destinadas a funcionarios de esta entidad sean canalizadas al Titular de la institución, quien comparecerá en la próxima sesión.
Noralma Zambra, presidenta encargada de la Comisión, tras agradecer los aportes del Ministro de Trabajo y del representante del Observatorio Ciudadano de Discapacidades, pidió que Secretaría tome nota de los testimonios, que servirán como elementos de juicio para determinar si hubo o no incumplimiento de funciones del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
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