La Comisión de Régimen Económico escuchó voces de expertos económicos respecto del Proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización. En esta oportunidad, el economista Alberto Acosta señaló que la dolarización no se acabará porque se acaben los dólares en la economía, sino cuando se acaben los dólares en el Banco Central. El único riesgo para la dolarización es el desequilibrio fiscal, aseguró.
Dijo que lo importante es garantizar la salud del Banco Central del Ecuador (BCE) para bienestar del pueblo ecuatoriano. Precisó que para evitar la desdolarización es necesario restaurar la regla de oro que es restituir el balance de los cuatros sistemas; así como, impedir que se tomen depósitos del público (financiamiento fiscal), impedir la emisión de dinero y cerrar el hueco generado durante los últimos años. Al exponer mitos y falacias de la dolarización señaló que no es la cantidad de dinero lo que importa, sino su calidad. Se necesita más regulación al sistema financiero, agregó.
En el debate, la legisladora Ana Belén Marín dijo que le preocupa que las Juntas dicten la política pública financiera y monetaria del país, cuando eso le corresponde al Ejecutivo por mandato constitucional. Advirtió que es responsabilidad del BCE custodiar las reservas de los gobiernos autónomos descentralizados, encaje bancario, etc. Mencionó su preocupación por la pretención de establecer autonomía total del Banco.
Roberto Rosero, del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Central, coincidió con la legisladora Marín, en el sentido de que el proyecto presenta algunas inconstitucionalidades. Por una lado, se violentaría los artículos 303 y 261 de la Constitución que establecen que el Gobierno Central tiene competencias exclusivas sobre las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria, comercio exterior y endeudamiento. En el proyecto se pretende que esta facultad pase a las Juntas Monetaria y Financiera.
Otra inconstitucionalidad es cuando se establece que el objetivo del Banco Central será instrumentar la política monetaria formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria. Advirtió que la política pública será diseñada por personas que representan intereses privados. Además, dijo que el proyecto no debe tener la categoría de económico urgente.
Mencionó que de ninguna manera se blinda la dolarización, más bien crea condiciones adversas: fuga de capitales y riesgo sistémico. Recordó que los cuatro balances se crearon para respladar el canje de sucres a dólares y en el proyecto solo se garantiza la expansión de los balances de la banca. Precisó que la regla de respaldo establece que solo los recursos del primer sistema se prioricen, inclusive con el financiamiento del sector público o la venta de activos del Estado (política fiscal). Existe la intención de privatización del Banco Central, además que el beneficiado con la normativa es el sistema financiero privado, agregó.
Entre tanto, Vicente Albornoz señaló que lo más importante del proyecto urgente son los cuatro sistemas del balance del Banco Central porque generaría confianza a la economía del país. Expuso sobre los pasivos y activos de esta institución.
Los parlamentarios recordaron que el balance de los cuatro sistemas y la autonomía del Banco Central no garantizó nada para que se lleven el dinero de los ecuatorianos en 1999.
Al dar respuesta, Albornoz recordó que el feriado bancario fue un síntoma de una inmenza crisis que arrancó en el 98 y concluyó en marzo del 99. La dolarización se dio en mayo de 2000. Mencionó que, actualmente, en el balance de Banco Central existe un faltante de 6633 millones de dólares. A su criterio es necesario que esta institución recupere los cuatro sistemas de balance y se le otorgue autonomía.
Por su parte, el economista Alberto Dahik cree que es fundamental la aprobación de esta ley porque tiene como objetivo central blindar la dolarización. Además, debe haber independencia total del Banco Central del Ecuador.
Entre tanto, el economista Andrés Mideros señaló que el proyecto crea más burocracia, porque etablece 10 cargos nuevos como miembros de cuerpos colegiados, además de una secretaría técnica con institucionalidad propia, genera inseguridad jurídica porque se crean contradicciones en cuanto a la facultad de formular las políticas crediticia, financiera, monetaria que corresponde al Presidente de la República.
Mideros recomendó que en lugar de crear nueva burocracia, innecesaria, se debe definir el perfil técnico necesario para asumir la delegación del Presidente de la República a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y la gerencia del Banco Central, incluyendo calificación previa de la Asamblea; y establecer la participación permanente, con voz pero sin voto, de delegados de sectores académicos, productivos y financieros, tanto privado como de la Economía Popular y Solidaria.
Dijo que hay que fortalecer el rol del BCE para el monitoreo de la salida de divisas y el fomento de uso de medios de pago electrónicos para cuidar la reserva y la dolarización; eliminar todo lo que genera impacto fiscal que no haya sido debidamente cuantificado y justificado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Dijo que hay que considerar que las reformas propuestas requieren de un debate más profundo sobre los instrumentos de política económica en dolarización, por lo que el plazo de 30 días es insuficiente.
Nuevas comparecencias
El presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero Loayza, indicó que el miércoles 7 de marzo, a las 09h40, la mesa legislativa escuchará al economista y catedrático, Carlos de la Torre; al subsecretario Técnico del Observatorio de Política Fiscal, Jaime Carrera; al representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira; y al académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Mateo Villalba.
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