Representantes de gremios médicos, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por Noralma Zambrano, cuestionaron la gestión del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas en su contra por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza.
En la sesión virtual 55, Santiago Zúñiga Ojeda, presidente, y Diego Idrovo, representante de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, consideraron que la gestión de Zevallos transgredió derechos laborales de los posgradistas, puesto que no solo incumplió con los plazos establecidos en la Ley de Apoyo Humanitario para suscribir los contratos para este sector, sino que se permitió interpretar la norma y determinar quiénes de los médicos en esta condición serían los beneficiarios del derecho establecido en la Ley, lo cual significó la expulsión de más de 100 médicos del sistema de salud pública.
Santiago Zúñiga recordó que el problema de los médicos posgradistas lleva más de tres años y el exministro, Juan Carlos Zevallos, en sus comparecencias en las comisiones de Fiscalización y de Salud ofreció plazos, inclusive montos previstos para la regularización de los contratos que correspondían, sin que se haya cumplido con esos cronogramas. “Simplemente, la autoridad de salud decidió no aplicar la Ley y no hubo nadie que pueda obligarle a respetar la norma”, enfatizó.
De su lado, José Mullo, médico traumatólogo de la ciudad de Latacunga, aseguró que antes de la pandemia por COVID-19 las unidades de salud sufrían desabastecimiento de insumos médicos, medicinas, así como la falta de personal para atender la demanda de la ciudadanía. Después, en plena crisis sanitaria, el Ministerio de Salud no fue capaz de establecer con claridad la categorización de los hospitales COVID y no COVID en todo el país, hecho que causó confusión en los pacientes, tanto los afectados por este virus, cuanto quienes presentaban otros padecimientos. Tampoco se cumplieron los protocolos específicos de la sociedad científica, añadió.
Entre tanto, Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, afirmó que en el manejo de la pandemia se evidenció la falta de conexión de las autoridades con el personal de salud, pues la crisis tomó al país con un presupuesto disminuido para el sector y, a finales de 2020, hubo la desvinculación de 3000 trabajadores del sistema de salud. “Tuvimos que enfrentar al COVID sin mascarillas, sin insumos de bioseguridad, es más, nos obligaban a reutilizar algunos materiales, poniendo en riesgo la salud del personal de primera línea”, indicó.
Mientras, Patricia Gavilánez, de la Confederación de Profesionales de la Salud y de la Federación de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador; y Rosa Angélica Argudo, titular de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (CETOSS), se excusaron de concurrir a la Comisión de Fiscalización.
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