La Comisión de Justicia, presidida por José Serrano, en la sesión 162, recogió las opiniones de ONU Mujeres y de expertos sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital, en el marco del tratamiento de lo que será el informe para segundo debate.
Alexandra Guerrón, especialista en erradicación de violencia de ONU Mujeres Ecuador, expuso que el 90 % de las víctimas de la distribución digital no consensuada en imágenes íntimas son mujeres, tras precisar que la violencia de género, hoy en línea, sirve para controlar, atacar al sector femenino, mantener, reforzar los papeles y las estructuras patriarcales y una relación de poder desigual.
Los actos de violencia en línea, así como la violencia política en redes hacen que las mujeres se abstengan de utilizar y reduzcan deliberadamente su presencia en estos medios. Este tipo de abusos cibernéticos llevan a la víctima a un aislamiento social, a sufir daños económicos ypsicológicos (ansiedad, miedo y hasta tendencias suicidas), enfatizó.
Consideró que el Estado tiene la obligación de establecer medidas de prevención, refozar la generación de conciencia sobre esta forma de violencia en línea y cómo afecta a la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, por lo es fundamental enseñar a este segmento poblacional a utilizar las tecnologías de forma segura, conociendo sus derechos frente a cualquier riesgo, acto de violencia y discriminación en línea. También, habló de fijar acciones judiciales de rápida intervención y sanción para evitar la impunidad.
Respuesta a la sociedad
En tanto, José Luis Barzallo,experto enciberstalking; screenshots (fotografías sin conocimiento); hacking; sextorsión y amenazas; grooming; sexting abusivo; difusión de contenidos íntimos sin consentimiento.
Planteó incorporar la “violencia sexual digital”, “ciberacoso”, “hostigamiento”, como tipos que no están contemplados en el COIP, tras sostener que es de vital importancia que Ecuador ratifique el convenio de Budapest sobre Cibercriminalidad, ya que esto permitirá solicitar información de forma directa a proveedores de servicios.
Previamente, la mesa recibió a la asambleísta Wilma Andrade, quién argumentó su propuesta de reforma del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal que se orienta a despenalizar la interrupción del embarazo en casos de violación.
Explicó que el procedimiento deberá realizarse hasta la semana 14 de gestación, al puntualizar que los métodos validados internacionalmente hasta esta semana son seguros, no quirúrgicos, ambulatorios, como la ingesta de fármacos o la aspiración, para cuyo efecto debe existir la protección del Estado, a través del Sistema de Salud.
Comentó que, según datos de la Fiscalía General del Estado, en Ecuador, entre junio 2014 a junio 2019, 26 132 niñas y mujeres fueron violadas, lo que significa 14,3 violaciones por día. En el periodo agosto 2014 – junio 2019, hubo 1362 víctimas menores de 10 años de edad, lo que representa una niña violada cada 41 horas.
Expuso que, de acuerdo a información del Ministerio de Educación, 10 376 casos de violencia sexual se registraron en las instituciones educativas entre 2014 y 2020.
Incluso, la Fiscalía recibe aproximadamente 11 denuncias diarias por violación, siendo las niñas menores de 14 años las principales víctimas, actos en los que el 95 % de veces los perpetradores están en su entorno cercano. Este tema, sin lugar a dudas, se ha convertido en un problema de salud pública que merece una respuesta seria de parte de la Asamblea, comentó.
MG/cz
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