En tres jornadas se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización que tiene el carácter de urgente en materia económica. Por este tema, el Pleno escuchó a expertos, autoriades de Gobierno y recibió observaciones de 23 asambleístas. Con estos insumos, la Comisión de Régimen Económico elaborará el informe para segundo debate que debe entregarlo en cuatro días, según lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Los parlamentarios dijeron que la Comisión de Régimen Económico debe revisar el articulado de la normativa, a fin de estructurar los cambios necesarios para evitar inconstitucionalidades, proteger la economía popular y solidaria, fortalecerla y garantizar el tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulse su desarrollo.
Advirtieron que no es atribución de la Asamblea Nacional nombrar a los representantes de las Juntas Monetaria y Financiera. Dijeron que hay que evitar la fuga de divisas al exterior y expusieron la necesidad de que la Superintendencia de Bancos ejerza control sobre la Seguridad Social, así como blindar la dolarización y las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE).
En sus observaciones, los legisladores destacaron que el proyecto está orientado a fortalecer la dolarización mediante la reforma institucional y el establecimiento de normas que eviten la discrecionalidad, sin descuidar el marco que impone la Constitución de la República. Preocupa que no ingresen al país las divisas provenientes de las operaciones de entidades financieras en el exterior, facilitando así las operaciones offshore y además que las operaciones de crédito que las instituciones financieras contraten en el exterior no tengan límite.
Uno de los pedidos recurrentes fue revisar que no se contrapongan artículos, por ejemplo cuando se define que la Junta de Política de Regulación Monetaria es el máximo órgano de gobierno del BCE y en otro artículo señala que el mismo es un ente autónomo y responsable de la regulación monetaria. Calificaron al proyecto de constituconal e indispensable para fortalecer la dolarización y enmendar los errores cometidos en el pasado.
Varios legisladores enfatizaron que BCE no es un banco convencional y que no se busca privatizarlo. Destacaron la participación de diversas voces que dieron sus puntos de vista sobre el proyecto y que deberán ser tomados en cuenta para su análisis.
También hubo pronunciamientos en el sentido de que el proyecto es ambicioso y pretende establecer líneas financieras y económicas para el próximo gobierno, no protege la dolarización, elimina el coeficiente de liquidez doméstica con lo cual los bancos privados podrán acceder a los recursos. Cuestionaron la independencia del Banco Central y la consecuente fuga de capitales.
Dijeron no estar de acuerdo con la conformación de las dos Juntas, ni las facultades que les otorga el proyecto y que son competencia exclusiva del Ejecutivo, conforme el artículo 303 de la Constitución. Mencionaron que los cuatro sistemas de balance restringen la posibilidad de acción del BCE sobre las reservas internacionales, además que se pretende destruir a esta institución entregando al sistema financiero privado el manejo de la política monetaria. Señalaron que se mina la Economía Popular y Solidaria concentrando la actividad financiera a los bancos más grandes del país. Finalmente, calificaron de inconstitucional la propuesta y pidieron su archivo.
JLVN/cz
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