La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, recibió del procurador General, Íñigo Salvador, el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que tiene por objetivo recuperar los recursos que paga el Estado por condenas de tribunales nacionales e internacionales, por acciones u omisiones de sus funcionarios delegatarios o por quienes ejercen en su nombre una potestad pública.
Este proyecto busca incluir en un solo instrumento toda la normativa que sobre esta materia se encuentra dispersa en varias leyes, con el propósito de garantizar el patrimonio del país y evitar que la acción u omisión de funcionarios en el ejercicio de sus cargos, provoque demandas nacionales e internacionales por las cuales el país se obliga a pagar indemnizaciones, como en el caso del laudo arbitral que favorece a la compañía francesa Perenco.
Íñigo Salvador subrayó que es urgente contar con un marco normativo moderno y ágil que permita la correcta aplicabilidad del procedimiento de repetición en contra de aquellos que han sido responsables de perjuicios económicos en contra del Estado ecuatoriano. Por ello, solicitó que se dé una alta prioridad para su trámite, al interior de la Asamblea Nacional.
Explicó que la propuesta prevé recursos sencillos y rápidos que sean aplicables por los jueces o tribunales competentes, garantizando el debido proceso de los agentes presuntamente responsables. A la vez, amplia el alcance de la acción de repetición a todos los potencialmente responsables de acciones u omisiones que han afectado al patrimonio estatal.
Así mismo, la norma fortalece las actuaciones del Procurador General como abogado del Estado en estas acciones, en coordinación con las entidades estatales competentes.
De su lado, la titular de la Legislatura, Guadalupe Llori Abarca, al dar la bienvenida al funcionario a la Casa de la Democracia, aseguró que la Asamblea Nacional realiza un trabajo de puertas abiertas a favor de los derechos del pueblo ecuatoriano y más cuando se trata de temas como el análisis de la responsabilidad de los jueces cuando se busca resolver temas relacionados con los intereses del Estado.
Anunció que la Asamblea dará a este proyecto el trámite previsto en la ley, dentro de los tiempos establecidos, para que el Ecuador cuente con una normativa tan importante, en defensa de los recursos que pertenecen a los 17 millones de ecuatorianos.
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