La Comisión de Desarrollo Económico conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mediante la cual se remite a la mesa el dictamen de la Corte Constituciona,l sobre la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto de los artículos 46, 56, 57 (b), 58 (b) y 169 del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
En otro orden, los legisladores recibieron en comisión general a Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio, quien dijo que las disposiciones que constaban en el proyecto de Ley coartaban el ejercicio de derechos y garantías, pues afectaban la libertad de contratación y competencia, así como la libertad de asociación al establecer restricciones y sanciones excesivas. Lo apropiado, dijo, sería que lo que consta en el veto sea acogido por la Asamblea Nacional.
Genaro Baldeón, presidente del Consejo de Cámaras, sostuvo que el país necesita reactivar y dinamizar la economía. Remarcó que la política del transporte está articulada a toda la cadena productiva del país. La moratoria que se estableció en la ley implicaba una paralización no solo de las actividades del transporte del país, sino de toda la cadena vinculada a la agricultura, industria, comercio, turismo y construcción. Puntualizó, además, que la disposición limitaba el desarrollo de actividades económicas del país.
De su parte Juan Sebastián Salcedo, representante de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, se refirió a la inconstitucionalidad parcial de las plataformas. En tal sentido, afirmó que la Corte permite el funcionamiento de las plataformas digitales eliminando la obligatoriedad a pertenecer a operadoras constituidas, puesto que contraviene el derecho a la libertad de contratación relacionada con el derecho al trabajo.
ANT
Los legisladores también recibieron a Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, quien indicó que coinciden con el dictamen de la Corte Constitucional, ya que los artículos observados eran inconstitucionales. Respecto al artículo de plataformas digitales indicó que la mesa deberá darle la legalidad pertinente, puesto que lesionaban derechos de la propiedad intelectual y privada.
La Comisión deberá realizar el informe no vinculante para presentarlo al Pleno de la Asamblea Nacional.
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