Representantes del Ministerio de Salud Pública, Economía Popular y Solidaria, Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha; y, de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos destacaron los procesos participativos que lleva adelante la Comisión de Régimen Económico para reestructurar el proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que cuenta con informe para segundo debate.
Pedro Aguilar, del Ministerio de Salud Pública, señaló la importancia de reformar la Ley de Contratación Pública. Al referirse a la adquisición de fármacos, insumos y dispositivos médicos, lo que no deben estar entre los bienes comunes y corrientes, porque se trata de la vida de los pacientes. Pidió a la Comisión tiempo para trabajar la propuesta.
Por su parte, Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de Economía Popular y Solidaria, recordó que existen 15.451 organizaciones activas que forman parte de este sector, de allí la importancia de establecer preferencias a su favor, lo que ayudará a dinamizar la producción nacional. Propuso que el 15% de compras del Estado sea segmentado para la economía popular y solidaria.
Propuso mantener el artículo 25 de la actual Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece con claridad el orden de prelación; priorizar el catálogo dinámico inclusivo de forma transparente; activar el sistema e catalogación y reactivar todos los catálogos inactivos, así como todos los bienes y servicios que la economía popular y solidaria pueda prestar.
El legislador Blasco Luna señaló que el sector de la economía popular y solidaria ha sido afectado en las compras públicas e indicó que las propuestas del gremio son justas y objetivas. La parlamentaria Ana Herrera, reflexionó sobre la necesidad de participación de las organizaciones de mujeres en los procesos de contratación pública, especialmente respecto al sector de la economía del cuidado.
Por su parte, la parlamentaria Jahiren Noriega, sugirió la participación de las mujeres de la economía popular y solidaria y dar importancia al procedimiento del catálogo dinámico inclusivo en la contratación pública.
Luego, los comisionados escucharon a Benjamín Chávez, representante de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, quien recordó que este sector lo conforman 20.500 mipymes en Pichincha, que generan el 40% de empleo en esta jurisdicción, con más de 1.500 socios. Solicitó analizar las reformas a la Ley de Contratación Pública desde una óptica que beneficie al país.
Cristina Murgueitio, directora Ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, indicó que hay preocupación de este sector sobre el sistema nacional de contratación pública, porque se confunde dispositivos e insumos médicos con medicamentos. Dijo que el 99 % de dispositivos son importados. Únicamente 130 dispositivos son fabricados en Ecuador.
Advirtió que la subasta inversa mide el precio, pero no calidad del producto. Sugirió establecer parámetros para el procedimiento de subasta inversa de medicamentos.
La funcionaria recomendó a la Comisión analice los textos de la Ley de Contratación Pública referente a los convenios de pago. Dijo que, si bien el Sercop debe tener autonomía, no puede ser juez y parte en procesos de catálogo electrónico.
El asambleísta Eitel Zambrano destacó la importancia del seguimiento y control en la contratación pública, así como la responsabilidad de las entidades contratantes. Propuso fortalecer la capacitación y certificación a los servidores públicos, mientras el legislador Byron Maldonado pidió convocar a otros sectores para que participen en estas mesas de trabajo.
El asambleísta Johnny Terán, vicepresidente de la Comisión, encargado de la dirección de la sesión, agradeció la participación de distintos sectores para entregar sus observaciones, mismas que serán analizadas.
JLVN/pv
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