La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, compareció ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el fin de explicar las actuaciones frente a la situación que vive la Contraloría General del Estado.
El legislador José Chimbo solicitó al comparecencia de la funcionaria para que explique el fundamento legal y constitucional que tuvo el Consejo para solicitar, con fecha 23 de junio de 2021) a Pablo Celi de la Torre que dé un paso al costado y presente su renuncia.
Al respecto, Sofía Almeida reiteró que se vieron impedidos de iniciar el concurso para la selección y designación de Contralor, en razón de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó a Pablo Celi hasta que concluya el período para el que fue elegido el Titular, es decir hasta marzo de 2022, decisión que fue “blindada” luego por la Corte Constitucional.
Explicó que el Procurador del Estado emitió un criterio vinculante en el sentido que el Consejo de Participación no tiene atribución para encargar la función de Contralor, ante lo cual los consejeros sugirieron como alternativa interpretar el artículo 33 de la Ley de la Contraloría para encargar a un profesional idóneo mientras se realiza el concurso de oposición y méritos que demoraría entre seis y ocho meses.
Señaló que consideraron oportuno pedir a Celi que presente su renuncia en razón de que se encunta privado de la libertad y enfrenta denuncias de corrupción, con el propósito de “salvar la institucionalidad del país”, subsanar conflcitos en el ámbito jurídico y moral y pemitir que los servidores de la Contraloría cumplan sus labores sin temor de verse cuestionados.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, tras señalar que las inquietudes expuestas reflejan el sentir de la ciudadanía, afirmó que le preocupa que el Consejo de Participación demore hasta 8 meses en el concurso para la selección y designación de Contralor General del Estado.
Los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo enfatizaron que la Constitción establece con claridad las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, que no está facultado para exhortar a nadie. Ellos tienen la obligación de convocar a concursos y nombrar a las autoridades de varias instituciones, afirmaron.
La Costitución no les faculta exigir la renuncia, eso es atentar contra un derecho constitucional, subrayó Ricardo Vanegas.
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