Dentro del tratamiento del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Andrés Jácome, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
Durante su intervención cuestionó la creación de la nueva Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico, ya que la Ley de Telecomunicaciones es la ley madre del espectro radioeléctrico. Así mismo, indicó que la norma tiene una serie de derogatorias, con las que el Estado perdería capacidades de administración, gestión y manejo del espectro radioeléctrico.
También mencionó que le preocupa el artículo 8 del proyecto propuesto, puesto que ya consta en la Ley de Protección de Datos.
César Ricaurte, director Ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), hizo un recuento de la aplicación de la Ley de Comunicación de 2013 a 2017. En ese marco, mencionó que la norma supuestamente fue utilizada por el poder político para acallar a las voces disidentes.
Sostuvo que lo positivo de la propuesta del Presidente de la República recoge un grupo de estándares internacionales y los incorpora a la legislación nacional, en la línea de un reconocimiento del derecho a la libertad de expresión sin limitaciones indebidas.
En cuanto a las observaciones a la norma señaló que la propuesta crea dos leyes en un solo proyecto: La Ley de Libre Expresión y Comunicación y Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico.
Respecto al Consejo de Comunicación indicó que no está reñido con estándares internacionales, por lo tanto, puede actuar de forma positiva promoviendo el derecho humano a la libertad de expresión. Además, el organismo podría emitir políticas públicas de protección a la prensa y promover los sistemas de autorregulación.
Jonathan Arízaga, académico y experto constitucionalista sostuvo que la Ley propuesta acoge estándares internacionales y postulados constitucionales. Mencionó que la ley vigente ejerce un marco de control, regulación y sanción, este último punto objetable, ya que impide ejercer con amplitud el derecho de libertad de expresión.
Advirtió que tiene algunas falencias la norma propuesta, pues no contempla un marco de control, ni regulación estatal; no se habla sobre contenidos de educación, formativos y culturales, tampoco existe un pronunciamiento pormenorizado sobre acciones afirmativas.
Dijo también que el objeto de la ley propuesta, artículos 1 y 2 podrían complementarse con el artículo 4 de la actual ley. Además, consideró que el artículo sobre el derecho a la réplica es incompleto. Sobre la protección de datos personales sostuvo que habría una duplicidad, porque eso ya consta en la norma de Protección de Datos.
En otro aspecto, señaló que es importante mantener el Consejo de Comunicación, ya que es una institución que permite legitimar la participación ciudadana.
Danilo Villarroel, presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, manifestó que es necesario garantizar la libertad de expresión garantizada en tratados internacionales y la Constitución. Así mismo pidió que la norma contemple la defensa y seguridad a los periodistas y trabajadores de la comunicación y de prensa. Otra petición que hizo es mantener la exigencia del título para ejercer el periodismo.
Al mismo tiempo, sugirió el establecimiento del Sistema de Comunicación Nacional. Sobre el Consejo de Comunicación remarcó que debe ser un ente articulador y de defensa en cuanto se provoque alteración de derechos sobre los comunicadores.
Dijo que también era necesaria una verdadera política pública sobre los medios públicos y comunitarios. Además, sugirió la creación de nuevos medios. Finalmente pidió que se respete la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista y se combata la precarización laboral.
Debate
La legisladora Marcela Holguín recordó que ya no existe la Superintendencia de Comunicación luego de la reforma a la Ley de Comunicación. Advirtió que que no se puede incumplir el mandato popular respecto al Consejo de Comunicación, a la vez que expuso su preocupación sobre la autorregulación.
El asambleísta Ángel Maita sostuvo que el periodismo debe ser basado en la evidencia y que es indispensable la autorregulación. Sugirió que construya una ley orgánica en defensa del periodista. El legislador Patricio Cervantes indicó que su preocupación es la derogatoria del delito de calumnia. Afirmó que sería necesario conocer cómo una persona vuelve a recuperar su honor y que la sanción por la vía civil no sería suficiente.
El titular de Fundamedios respondió que el sistema nacional de comunicación se vio debilitado de 2013 a 2019 con la aplicación de la Ley de Comunicación. Sostuvo que la autorregulación sí es posible y señaló que los ciudadanos también pueden ejercer control sobre los medios. Remarcó que el proyecto se refiere a la libertad de expresión y no es una propuesta para los periodistas.
De su parte Arízaga propuso que en el nuevo proyecto se incluya la regulación sobre los medios comunitarios, en cuanto al acceso y sostenibilidad y que también se desarrolle los artículos de los derechos de los comunicadores.
Danilo Villarroel sugirió que se mantenga el artículo 42 de la Ley de Comunicación para que las actividades periodísticas permanentes sean desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con la excepción planteada.
SV/pv
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