El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto de los artículos 46, 56, 57 (b), 58 (b) y 169 del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las vías y carreteras y generar una cultura de tránsito. Para ello pone énfasis en la prevención y educación en todos los niveles.
Este proyecto tiene como eje principal al ser humano y su objeto es la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan por las calles y carreteras del territorio nacional.
A través de la normativa se refuerzan los procesos de formación, capacitación y entrenamiento de conductores profesionales y no profesionales, vinculados a otras instituciones estatales que son corresponsables en el campo de la movilidad, prevención de riesgos y disminución de siniestralidad. También promueve e incentiva el uso de vehículos eléctricos o de cero emisiones que precautelan el cuidado del ambiente.
El debate se desarrolló sobre la base del informe no vinculante preparado por la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidente, Daniel Noboa Azin, explicó que prepararon textos para adecuarlos al pronunciamiento de la Corte Constitucional y evitar interpretaciones extensivas o arbitrarias.
Tras reiterar la necesidad de aprovechar las oportunidades para ofrecer beneficios a la ciudadanía, aclaró que reconocer las plataformas digitales no significa autorizar el taxismo ilegal o informal, cuya actividad es sancionada por el Código Orgánico Integral Penal. Los avances de la tecnología son muy útiles para aprovechar los beneficios de la innovación y desarrollo tecnológico, añadió.
Resaltó también que se incluyen normas para asegurar el desarrollo de las actividades económicas en igualdad de condiciones y con plena libertad.
El proyecto incluye normas para la regulación y autorización de plataformas digitales. Determina que las plataformas digitales, constituyen herramientas tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre establecido en la presente Ley, con excepción del servicio de transporte particular.
La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias regularán y autorizarán, el funcionamiento de las mismas, siempre y cuando se aseguren las condiciones mínimas ambientales, de calidad y seguridad.
También fija el procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes. El mecanismo y los requisitos para obtener los informes técnicos de factibilidad, serán regulados por el Directorio de la ANT o por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias y garantiza el principio constitucional de descentralización basada en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias a los GAD.
El debate
La asambleísta Wilma Andrade expresó que el proyecto fue elaborado con los criterios de todos los actores relacionados con esta actividad que es estratégica para la economía por ser una herramienta para incrementar la productividad. Destacó que el cuerpo normativo crea normas para garantizar la seguridad en las vías y evitar la siniestralidad.
El legislador Jorge Abedrabo afirmó que el fondo de la ley es la protección a la vida, pues los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte en el mundo en personas entre 5 y 29 años de edad, por lo que se debe reforzar la seguridad vial.
La parlamentaria Diana Pesántez manifestó que el transporte está ligado a todas las actividades, contribuye al ejercicio de casi todos los derechos constitucionales y dinamiza la economía nacional, como un motor de desarrollo, de ahí la trascendencia de la normativa legal, mientras que César Rohon destacó la importancia de la ley que es el resultado de casi cuatro años de análisis con la participación de todos los sectores.
A su vez, Luis Almeida expresó que es importante respetar las fuentes de empleo de miles de taxistas formales, a la vez que presentó sus observaciones a la atribución que tiene la Corte Constitucional frente a una objeción por inconstitucionalidad. Alejandro Jaramillo tras resaltar la importancia de la ley que contribuirá a brindar un mejor servicio a los usuarios, expuso su preocupación por la crisis que vive el transporte por el incremento del precio de los combustibles y la siniestralidad.
Patricio Cervantes opinó que la aprobación de la reforma a la Ley de Tránsito ayudará al transporte en el Ecuador. Comps Córdova señaló que conforme la norma constitucional procede acoger el dictamen de la Corte y aprobar la ley.
Juan Fernando Flores aclaró que en ningún caso se afecta la fuente de empleo. Recordó que durante la pandemia las plataformas digitales ayudaron no solo a resolver los problemas de los ciudadanos, sino que dieron la oportunidad de trabajo a muchos ecuatorianos.
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