Con el fin de proteger los derechos de los ecuatorianos ante los fraudes financieros, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional.
La iniciativa protege el derecho a la privacidad de los clientes en relación a la difusión de su información personal, así como la información de seguridad nacional; previene y desincentiva prácticas fraudulentas, prohibidas y/o abusivas, incluido el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo.
El proyecto, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades y competencias de los entes de control, eleva el nivel de la normativa secundaria a una jerarquía de ley orgánica que reforma el Código Monetario y Financiero, y a las leyes de Defensa del Consumidor y de Telecomunicaciones.
Usuarios afectados
Previo al debate fue recibida en comisión general Solanda Goyes, del Colectivo de usuarios perjudicados por fraudes financieros. Detalló su experiencia de 8 de julio de 2015 y propuso procedimientos ágiles y sencillos, a fin de que las personas puedan recuperar sus dineros. Dijo que los temas identificados como fraudes son las transferencias no autorizadas a otras cuentas, mismas que deben ser reguladas.
La Superintendencia de Bancos tiene carácter administrativo, de control sobre los bancos y debe defender a los usuarios, señaló al informar que trabajarán en un proyecto de reformas puntuales producto de las experiencia en estos procesos, a fin de proteger a los usuarios del sistema financiero.
De su lado, Israel Trávez, portavoz de otro colectivo de perjudicados, pidió que se haga cumplir las leyes que les ampara como consumidores, al tiempo de exhortar que se tome en cuenta los casos no resueltos ya que las entidades financieras emiten respuestas absurdas. Informó que ante el silencio de ciertos bancos se encuentran haciendo plantones en los exteriores y que ejecutan acciones legales para recuperar los dineros de los perjudicados.
Argumentación
Legisladora Jahiren Noriega, ponente del informe, explicó que el proyecto nace como una respuesta a una necesidad y una exigencia de miles de ciudadanos, cuando en el año 2018 un periodista denunció públicamente haber sido afectado por cobros indebidos por parte de una entidad financiera en la cual tenía sus ahorros.
Subrayó que la ley tiene por objetivo sancionar los abusos de ciertas entidades financieras que con accionar ambicioso e irresponsable perjudican los ahorros que con tanto esfuerzos y trabajo han logrado tener los clientes.
Mencionó que se pretende lograr que las devoluciones se realicen independientemente de que se haya presentado el reclamo; que todos los bancos prueben que todos los débitos realizados se encuentran debidamente autorizados; y, que las Superintendencias hagan controles preventivos para asegurar el cumplimiento de la ley.
Informó que entre enero y septiembre de 2018 se registraron aproximadamente 16 mil denuncias, mientras que en octubre, mes en que se hizo pública la denuncia se evidenciaron más de 44.468 denuncias, lo que suma más de un millón 100 mil dólares, dinero que ha sido devuelto por las entidades financieras de oficio. Afirmó que el proceso de fiscalización logró que existan 12 bancos con procesos sancionatorios iniciados.
Actualizar la ley
El debate, en el que intervención 11 asambleístas, se centró en la pérdida de dineros; cobro por servicios no contratados; las llamadas impertinentes en las que se han filtrado información. Los legisladores detallaron casos de usuarios perjudicados. Coincidieron que se requiere actualizar y mejorar la propuesta de ley, a fin de entregar las herramientas necesarias para evitar costos excesivos, proteger la economía de la ciudadanía y evitar atropellos, a través de normativas claras y eficientes. También advirtieron que hay casos de filtración de datos que no han contado con la intervención de las autoridades competentes.
Además, resaltaron el derecho de los usuarios a la protección de datos, a recibir información veraz, a reclamar cobros indebidos, a tener información clara, precisa y oportuna respecto a los productos y servicios para elegir con libertad y exigir calidad.
Otra propuesta fue el archivo del proyecto por ser extemporáneo, por no contemplar la totalidad de las reformas y no tener relación con normas del Código Orgánico y Monetario y Financiero vigente. La propuesta de la asambleísta Nathalie Arias no tuvo los votos suficientes para su aprobación.
Observaciones
Entre las observaciones, se propuso excluir de la propuesta ciertas normas que ya están reguladas en otras leyes; además la exclusión de los contratos de adhesión que no pueden existir ni con la banca ni en ningún otro organismo.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, encargado de la conducción de la sesión, dio por concluido el debate. Por tanto su trámite continuará en la Comisión de Régimen Económico.
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