La Comisión de Fiscalización, en la sexta jornada de recepción de testimonios en la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el excontralor subrogante, Pablo Celi, recibió las versiones de varios funcionarios y exservidores de la Contraloría General del Estado, quienes explicaron los procesos que se aplican para la determinación de responsabilidades, tras las auditorías que se practican a manejo de recursos públicos en las diferentes entidades estatales.
Flor María Guerrero, aclaró que en la entidad de control existe personal de carrera que es probo, honesto, que cumple lo previsto en el ordenamiento jurídico nacional, por lo cual la situación que atraviesa actualmente la Contraloría, afecta a muchos funcionarios y sus familias que tienen derecho al buen nombre.
Concretamente, respecto a la contratación de servicios por parte de Petroecuador con la empresa No Limit, indicó que fueron sometidos a varios contratos complementarios y modificatorios. En uno de ellos, por ejemplo, para la provisión de 180 bombas centrífugas, en octubre de 2014, se canceló un adelanto por 11 millones de dólares y no se entregaron dichas bombas. Hubo permanentes incumplimientos del cronograma de entrega.
Aseguró que durante su gestión se emitieron 173 informes, 39 de ellos con indicios de responsabilidad penal, muchos más quedaron en trámite. Añadió que en su unidad llegaban hasta la elaboración del borrador de presuntas responsabilidades penales; luego, se remitía al Contralor para, posteriormente, regresar a su unidad. Después, se remitía a la Unidad de Patrocinio.
Mientras Héctor Pérez, subcontralor de Auditoría, defendió las actividades cumplidas dentro de la Contraloría, en diversos cargos. Indicó que, cuando fue subcontralor General generó importante normativa para que exista claridad en los procesos administrativos internos de la institución.
De su lado, Carla Rueda, actual secretaria abogada de la Dirección de Responsabilidades, subrayó que con más de 30 funcionarios se desarrolló una tarea titánica para recuperar los archivos que fueron afectados por el incendio de octubre de 2019.
Entre tanto, Sofía Moreno servidora de la Contraloría desde 2015, aseguró que 43 mil expedientes han sido recuperados. Para evitar la pérdida de documentación, agregó, se cuenta con cuatro ejemplares de los informes: uno va al administrado, otro queda en la Dirección de Responsabilidades; un tercero va a un histórico de la Contraloría y el cuarto se entrega a la Unidad de Patrocinio.
Sobre los montos de las glosas emitidas, recuperadas y aquellas que fueron desvanecidas, la funcionaria dijo que en lo que atañe al trabajo que realiza la Dirección de Determinación de Responsabilidades no le compete conocer los montos, sino establecer de manera individualizada las responsabilidades que deben ser justificadas por los administrados, dentro de los plazos previstos en la ley.
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