La Comisión de Fiscalización y Control Político, la tarde de este viernes, 23 de julio, recibió a seis funcionarios de la Contraloría General del Estado, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político al excontralor subrogante, Pablo Celi. Los servidores defendieron sus actuaciones, tanto en el proceso para la predeterminación de responsabilidades, sean estas administrativas, civiles o penales de funcionarios públicos, cuanto en el desvanecimiento de glosas, con apego a la normativa vigente.
Martha Ulloa, quien recientemente se acogió a la jubilación, aclaró que un informe con presuntas responsabilidades no constituye, en sí mismo, la determinación de un posible perjuicio al Estado, porque el administrado tiene la posibilidad de presentar los justificativos del caso, con lo cual se desvanece una glosa.
Recordó que el papel de la Contraloría es proteger los recursos del Estado y establecer los recursos legales para la retribución al país de los dineros que no han sido utilizados de manera adecuada.
Entre tanto, José Gabriel Benítez explicó que la determinación de responsabilidades es un acto administrativo y, por tanto, debe ser debidamente motivado y la capacidad de control se la puede ejercer en un plazo máximo de siete años, de conformidad con la ley, tras subrayar que la gran mayoría de los servidores de Contraloría es gente honesta. “Descubran todo lo que tienen que descubrir, pero permitan que esa gente honesta pueda caminar con la frente en alto”, agregó.
De su lado, Luis Yépez Andrade, administrador del contrato de la compañía china CAMC Engineering con el Ministerio de Seguridad para la construcción del Centro Nacional y otros regionales del ECU 911, aseguró que no hubo ninguna irregularidad, que se cumplieron los términos de la contratación y están operativos los centros de Quito (nacional), Machala, Ambato, Portoviejo, Esmeraldas y de Babahoyo.
Lo que hubo, aseguró, fue una serie de actuaciones abusivas, con inconsistencias e irregularidades por parte de determinados funcionarios de la Contraloría General del Estado.
Mientras, Daniel Fernández de Córdova explicó que en sus períodos de encargo como subcontralor aprobó alrededor de 40 informes, con el apoyo de un equipo multidisciplinario que asesora al despacho del Contralor, al cual le correspondía realizar un control de calidad de todos los documentos que se emitían como resultado de los procesos de auditoría y exámenes especiales.
Lorena Figueroa, en cambio, dijo que en su ejercicio como directora de Patrocinio no conoció de ningún caso de desvanecimiento de glosas, porque su área específica se encarga de representar a la Contraloría en los procesos contecioso administrativos que presentan los administrados que se consideran afectados por las decisiones que toman las diferentes instancias del organismo de control.
El auditor Nelson Blasco Dueñas reconoció que en uno de sus encargos como subcontralor firmó algunos desvanecimientos de glosas, entre ellos, uno relacionado con la empresa Nolimit C.A., pero jamás conoció que detrás de una acción como esta existiera ningún tipo de soborno.
Al cierre de la jornada de trabajo, cerca de las 19h00, la Comisión recibió a Cumandá Guevara, viceprefecta de Pastaza, quien aseveró que en la Contraloría General del Estado existe una trama de corrupción, de la cual son parte las delegaciones regionales, pues ella es testigo de cómo se manejan los procesos para beneficio de ciertas autoridades, como en el caso del Prefecto de Pastaza.
Relató que cuando, en ejercicio de su capacidad fiscalizadora, pidió que se revise la conducta del primer personero provincial, un funcionario de Contraloría le dijo que tenía que pagar 50 mil dólares para cada uno de los cinco servidores que podrían atender ese requerimiento, es decir, en total debía entregar 250 mil dólares y le garantizaban que ella sería la nueva prefecta, tras la destitución del titular.
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