En el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político al excontralor subrogante, Pablo Celi, hoy, se llevó adelante la séptima jornada de recepción de testimonios de exfuncionarios de la Contraloría.
La primera en dar sus declaraciones fue Ligia Cobo, encargada del área de Talento Humano de junio de 2016 a junio de 2017. Al iniciar su intervención mostró un video en el que el excontralor subrogante Celi, se negó a recibir la acción de personal de su destitución y “con una actitud hostil y agresiva” rompió el acta de notificación.
Tras este hecho, de manera inmediata se procedió a elaborar una nueva acta de notificación con eso quedó legalizada la cesación de funciones, el 2 de junio de 2017. Acto seguido se designó a Sabett Chamoun como excontralora subrogante, pero esto quedó sin efecto, luego que la exministra de Justicia, Rosana Alvarado, posesionara nuevamente a Celi, declaró Cobo.
La exfuncionaria de la Contraloría, apuntó que a partir de esa fecha hubo una persecución psicológica en su contra y de otros funcionarios.
Al ser consultada por qué si la acción de personal, de cesación de funciones de Pablo Celi fue autorizada por el Contralor titular Carlos Pólit el 25 de mayo de 2017, Celi fue notificado el 2 de junio de 2017. Cobo aclaró que no existe ninguna irregularidad en el proceso y todo fue legal. Aclaró que todos los actos que ahora presenta fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, el 29 de septiembre de 2017.
El turno fue para la excontralora subrogante Sabett Chamoun, quien sostuvo que desde el 2 de junio de 2017, Celi ocupó el cargo de contralor de manera ilegal. Señaló que ella debía ejercer el puesto de contralora subrogante hasta el 29 de junio de 2017, de acuerdo con la acción de personal 915. Dijo que durante cuatro años fue víctima de “maldad y persecución”, además, ha sido sentenciada por jueces y fiscales que “se rindieron” ante Pablo Celi, quien se “apoderó” de la Contraloría.
Así mismo, dijo que el 2 de junio de 2017 cerca de las 20h00 toda la Contraloría estaba rodeada de policías, “supongo que enviado por César Navas”. Puntualizó que esa misma noche se reunieron en la oficina de Celi, Raúl de la Torre, Daniel Fernández de Córdova y otros funcionarios.
Ante algunas interrogantes de los asambleístas, Chamoun dijo que sí conocía de un informe con responsabilidad penal en contra de César Navas. Resaltó que desde su perspectiva Carlos Pólit es inocente, habló de su posesión legal como excontralora subrogante y precisó que las acciones de personal 913, 914 y 915, fueron presentadas en la Fiscalía Ecuador, sin ser consideradas.
El excontralor General del Estado, Carlos Pólit, también rindió su testimonio ante la Comisión. Rechazó las declaraciones de Carlos Pareja Yanuzzelli, quien le acusó de recibir dinero por la elaboración de informes elaborados en la Contraloría.
A la vez, cuestionó que la exsubcontralora Valentina Zárate diga que la institución no tiene salvación cuando trabajó en cargos directivos. La doctora Zárate pronunció que existen, sin precisar, números ni fechas de informes que están caducados. “Les aseguro que en mi gestión no se elaboró informes fuera de los plazos establecidos por la ley”.
Remarcó que en su gestión hasta 2016, la Contraloría aprobó 19 mil informes de exámenes especiales y hubo más de 18 mil funcionarios sancionados en los gobiernos de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y Rafael Correa.
Tras estas declaraciones explicó que el 25 de mayo de 2017 suscribió cuatro acciones de personal 912, 913, 914 y 915 que entraban en vigencia a partir del 2 de junio. Precisó que mediante la acción de personal 913 cesó en sus funciones a Celi; con la 914 nombró subcontralora a Sabett Chamoun y con la 915 le encargó la Contraloría durante su ausencia. Sin embargo, dijo que Celi se proclamó contralor subrogante, cuando ya ni siquiera era funcionario de la Contraloría, porque ya fue cesado en sus funciones.
A la vez, indicó que presentó su renuncia a la Contraloría debido a la presión del expresidente de la Asamblea, José Serrano, quien envió a Estados Unidos “dos emisarios”, J J Franco y Diego Sánchez.
Respecto al desvanecimiento de las glosas de Odebrecht, el excontralor Carlos Pólit, mencionó que existió disposición del abogado del Estado, Diego García, luego que la empresa había consensuado con el Procurador, sobre la reparación del daño.
Informó que las glosas impuestas en su administración llegaron a 1.450 millones de dólares, además, hubo más de 2.300 informes con indicios de responsabilidad penal presentados en la Fiscalía.
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