La Comisión de Educación continuó el proceso de análisis del concurso de méritos y oposición para la selección de los miembros del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), luego de escuchar las denuncias de algunos de los veedores que participaron en esta actividad.
Esta vez compareció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, junto al equipo técnico, para presentar la información sobre el concurso. Allí explicó que la Dirección Nacional de Procesos Electorales realizó la planificación, es decir elaboró el plan operativo, el cronograma, el presupuesto y la matriz de riesgo, mientras que la Comisión Técnica del CNE, con el apoyo de la Comisión Académica, ejecuta el proceso de selección.
La funcionaria detalló las bases del concurso, los requisitos de los postulantes, el proceso de verificación, la fase de impugnaciones y la veeduría ciudadana.
A su vez, la directora Nacional de Procesos Electorales, Lucy Pomboza, explicó el plan operativo, cronograma, requisitos académicos y demás acciones que se desarrollaron, de conformidad con el reglamento del concurso para la designación de los miembros del Caces y del Ces.
De su lado, Esteban Rosero, director de Organizaciones Políticas del CNE, informó que existieron 53 postulantes, de los cuales 48 asistieron a rendir la prueba, a la vez que aseveró que este proceso se realiza con veeduría ciudadana, pero que seis de los veedores han renunciado.
También relató el procedimiento para la elaboración y validación de las preguntas y como fueron seleccionadas para cada uno de los postulantes. Ninguna prueba podía ser igual entre quienes se presentaron a rendir el examen, afirmó.
El presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina, aseveró que el reglamento que norma el concurso debe sujetarse a la disposición del artículo 168 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que determina que no podrán participar las máximas autoridades académicas y administrativas de los organismos o instituciones objeto del control y regulación del sistema, salvo que hayan renunciado previamente a esos cargos, al tiempo que aseveró que la información del CNE será contrastada con los argumentos expuestos por varios de los veedores.
Las legisladoras Ana María Rafo y Ana Belén Cordero expresaron su preocupación porque entre los postulantes constan personas que tienen procesos legales y ocho de ellas con sentencia ejecutoriada, tema que debió tratarse en la etapa de validación e impugnación.
Ana Rafo aseguró que de acuerdo con las denuncias el reglamento para el concurso no fue debidamente socializado, no ha existido la suficiente transparencia en la entrega de la información por parte del CNE, pues de los ocho pedidos presentados solo se han atendido dos.
Ana Belén Cordero expresó que existe interés en la ciudadanía por conocer los detalles de este concurso, considerando que se escogerá a las autoridades que trabajarán por y para la educación, al tiempo que advirtió que se incumplió el reglamento, que entre otros aspectos obligaba a digitalizar la prueba y entregar una copia al postulante, pero que ese día el sistema falló, lo que a su criterio es preocupante, pues el incumplimiento del reglamento conllevaría la nulidad del proceso.
El legislador Diego Esparza, enfatizó que uno de los objetivos de los concursos de méritos y oposición es garantizar la probidad notoria, es decir honestidad, honradez y rectitud conocida por todos, pero que en este caso hay sentencias en firme en contra de algunos de los postulantes, lo que pone en duda y deslegitima el proceso de selección.
Por último, el presidente de la Comisión, Manuel Medina, anunció que se conformará una subcomisión que se encargará de avanzar en las investigaciones de este caso.
PV
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