La Comisión de Biodiversdad recibió nuevos aportes al proyecto de reformas a la Ley de Minería. María Eulalia Silva y Roque Bustamante, presidenta y representante de la Cámara de Minería, indicaron que les preocupa temas relacionados con materia económica, consulta previa, aspectos ambientales y derechos preexistentes.
Roque Bustamente, señaló que en los tres cuerpos normativos que tramita la mesa legislativa se establecen distintas cargas tributarias a los proyectos mineros, como las regalías mineras, Impuesto a la Renta, la participación laboral. Sin embargo, dijo, preocupa que los fondos no llegan a las poblaciones locales donde están ubicadas las concesiones. Para corregir este particular, sugirió que el pago de patente anual, que se hace en marzo de cada año, se lo haga directamente en los cantones donde se realiza la minería.
Expresó que hasta el momento no existe la normativa que determine el camino a seguir, para desarrollar la consulta previa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por ello, propuso determinar a quién se consulta, cuándo y cómo se consulta, ya que al momento existe un vacío legal.
Respecto del tema ambiental, Bustamante, precisó que cualquier actividad que se realice en la naturaleza genera impacto, por lo que el Código del Ambiente determina la protección al ambiente y la naturaleza y el Ministerio correspondiente está en la capacidad de crear zonas intangibles.
En cuanto a los derechos preexistentes, recordó que la ley solo rige para el futuro, por tanto, se debe respetar las áreas que han sido concesionadas, por lo que los concesionarios tienen derechos preexistentes y han realizado inversiones en esas áreas. Dijo que les preocupa que vía reforma a la ley o consulta se les restrinja sus derechos existentes.
María Eulalia Silva, mencionó que el objetivo es crear una normativa que beneficie a todo el país y aseguren el desarrollo a través de una minería responsable, al tiempo que sugirió hacer ajustes en la Ley de Minería, para que capten de manera directa los beneficios económicos que puede derivarse del desarrollo de la minería responsable en los sectores donde se realice esta actividad.
Indicó que la Constitución determina el buen uso de los recursos naturales, que son del Estado y, por tanto, hay la obligación de respetar la ley, la naturaleza y los derechos de las comunidades que están aledañas a los proyectos mineros.
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