La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside el legislador Alejandro Jaramillo, escuchó las observaciones de nuevos actores sociales en torno al proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo.
Bella Maldonado, presidenta de Casa de la Vida, comentó que en el tema interrupción del embarazo por violación se deben considerar tres aspectos: médicos, jurídicos y éticos, a la vez que argumentó su posición contraria a esta propuesta. Además, expresó que el aborto espontáneo o voluntario para la medicina significa la muerte de un ser humano, para la ley constituye un delito porque atenta contra la vida y para la ética es un mal, porque va contra el principal derecho humano, como es el derecho a la vida.
Así mismo, sugirió dictar las normas que garanticen procedimientos ágiles para sancionar o condenar a los violadores, así como apoyo médico, jurídico, psicológico, ético y espiritual a la víctima de la violación para evitar que suspenda el embarazo, a la vez que sostuvo que es importante fomentar el respeto a la vida y a la familia.
Inés Manzano, en representación de la Fundación Familia y Futuro, aclaró que en ninguna parte de la Constitución existe el derecho al aborto o a la interrupción del embarazo en caso de violación, como sostiene la Defensoría del Pueblo en su proyecto propuesto ante la Asamblea Nacional. Aseveró que la Corte Constitucional en la sentencia de abril de 2021 no ha modificado la Constitución y por tanto no ha agregado derechos.
Así mismo, puntualizó que el Código Civil es absolutamente claro al determinar que las meras expectativas no constituyen derecho. El aborto es un delito antes y después de la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril de este año, subrayó.
Por último, sostuvo que en el contenido del proyecto de ley se debe respetar los criterios y estándares establecidos en la sentencia en referencia, al tiempo que reiteró que ninguna norma jurídica podrá restringir derechos y garantías constitucionales.
PV
