En el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de Freddy Carrión, defensor del Pueblo, los interpelantes Yeseña Guamaní y Ricardo Vanegas, enfatizaron que los testimonios recibidos por la Comisión de Fiscalización, demuestran el incumplimiento de funciones en que ha incurrido el magistrado, por lo que pidieron al organismo recomiende al Pleno continuar el proceso político y se resuelva su censura y destitución.
Yeseña Guamaní reiteró que se juzga la responsabilidad política del Defensor del Pueblo en los hechos acaecidos la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo, cuando el funcionario que está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, infringió el estado de excepción, que incluía un toque de queda y participó de una reunión social con la ingesta de bebidas alcohólicas.
La legisladora lamentó que se haya querido contaminar el proceso político con los argumentos relacionados con la investigación penal que llevan adelante los organismos de justicia. “Nosotros no valoramos, porque no nos corresponde, las implicaciones penales de los hechos protagonizados por el doctor Carrión; nosotros juzgamos su responsabilidad política por la cual está obligado a precautelar los derechos de las personas”, insistió.
Sobre la base de varias de las intervenciones de efectivos policiales, funcionarios públicos, Fiscal General, guardias del condominio en el que se dieron los hechos y el médico de la familia Carrión, la asambleísta Guamaní concluyó que las actuaciones de Freddy Carrión, defensor del Pueblo, fueron efectuadas con conocimiento y voluntad.
De su lado, Ricardo Vanegas citó algunas de las versiones rendidas en las comparecencias solicitadas por él, como pruebas de cargo, de las cuales -dijo- se desprende que el doctor Freddy Carrión incumplió funciones establecidas en la Constitución y la ley, contravino normas expresas, por consiguiente, se configuran las causales para su enjuiciamiento político.
Vanegas indicó que todas las pruebas anunciadas en la solicitud de juicio político fueron actuadas durante la sustanciación, y de manera inequívoca, demuestran la responsabilidad del doctor Carrión en los hechos que se le imputan, de allí la necesidad de continuar con la interpelación hasta que sea el Pleno el que determine la censura y destitución como defensor del Pueblo.
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