La Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas a la Constitución escuchó criterios respecto de los proyectos de enmienda constitucional relacionadas con el origen del Consejo de Gobierno de Galápagos y la mayoría que se exige para la insistencia en los textos aprobados por la Asamblea, en caso de objeción parcial del Ejecutivo a los proyectos de ley, propuestos por los exlegisladores Washington Paredes y Héctor Muñoz, respectivamente.
Norman Wray, expresidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, destacó la importancia de mantener la estructura actual de este organismo, ya que existe una relación directa entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de la provincia insular, lo cual permite que el Estado ejerza su responsabilidad en la protección de esta región, como Patrimonio Natural de la Humanidad, reconocida por el Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco).
Wray aseguró que esta relación directa con el Ejecutivo, que le otorga al representante del Presidente de la República su participación en el gabinete, con rango de ministro, permite que el país alcance los objetivos para la conservación de la biodiversidad de las islas.
La Comisión escuchó, también, a representantes de elección popular del archipiélago. Joel Balladares, concejal del cantón Isabela, subrayó la necesidad de pensar en las necesidades de los 25 mil habitantes de la provincia y darle a la población la oportunidad de conformar el Consejo de Gobierno de Galápagos, a través del voto de los galapagueños y no por decisión del Presidente de la República.
Mientras, Luis Chango, presidente del Gobierno Parroquial de Progreso, aseveró que elegir un Presidente del Consejo de Gobierno por la vía democrática no constituye solución a los problemas que tiene la provincia de Galápagos, al indicar que el esquema vigente permitió, por ejemplo, avanzar de forma adecuada con la vacunación y con las medidas para enfrentar la crisis sanitaria producto del Covid-19.
Entre tanto, Héctor Muñoz, proponente de la enmienda sobre el trámite de la ratificación de textos en las objeciones parciales del Ejecutivo en los proyectos de ley, explicó que se busca corregir el desequilibrio que hoy existe en la relación del Gobierno frente a la Asamblea, cuando la Constitución exige que la insistencia en los textos aprobados por la Legislatura reúna una mayoría calificada (91 votos).
Subrayó que una ley se aprueba con mayoría absoluta (70 votos); si esta es objetada parcialmente, la Asamblea tiene dos opciones, allanarse con mayoría simple (mitad más uno de los asistentes); y, si los legisladores quieren ratificarse en lo originalmente aprobado, requiere 91 votos, lo cual demuestra una excesiva ventaja para el Ejecutivo. Por ello, propone que en caso de insistencia se cuente solo con mayoría absoluta.
El presidente de la Comisión, Francisco Jiménez, agradeció por el aporte de los comparecientes. Anticipó que se considerarán todos los argumentos en el análisis de las propuestas de enmienda, en cumplimiento de lo que establecen la Constitución y la ley.
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