La Comisión del Derecho al Trabajo analizó de manera pormenorizada la problemática de los trabajadores de la seguridad privada, para lo cual recibió los puntos de vista de varias autoridades responsables del control y regulación de estos servicios.
El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, subrayó que ha sido permanente el control y vigilancia. En apenas 3 meses y medio, y con 133 inspectores han realizado 325 inspecciones, mientras que el subsecretario de Trabajo, Germán Pazmiño, detalló que se ha sancionado a 105 las empresas de seguridad, y que hay otros procesos abiertos.
María Sara Jijón, directora General Servicio Nacional de Contratación Pública, expuso sobre el control y monitoreo a los distintos procesos de seguridad privada, la figura de contratación, entre otros temas. Mencionó que para precautelar los derechos de los trabajadores emitió directrices de conformidad con los requisitos de la contratación.
Estamos elaborando la norma para catalogar estos servicios, por cuanto, en este corto tiempo hemos visto que algunas empresas de seguridad sacrifican el ingreso de los trabajadores, con el fin de ganar los contratos, puntualizó.
Por su lado, Diego Arroyo, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, enfatizó que a más 120 trabajadores de seguridad privada de Quito, no se les ha pagado el salario, sin que nadie les de respuesta. “Somos actores fundamentales de la seguridad privada del país”, afirmó, a la vez que pidió eliminar de la figura de subasta inversa para la contratación de los servicios de seguridad privada.
El Ministro de Trabajo recalcó que no hay tercerización y ningún tipo de discriminación a los trabajadores, aunque indicó que existen errores humanos y que harán mayor esfuerzo con las inspecciones. Así mismo, explicó que las sanciones se han aplicado por la falta de pago de aportes al IESS, descuentos injustificados, no pago de horas suplementarias, entre otras razones.
Trabajadores de la Salud
En otro orden, el Ministro de Trabajo con el apoyo de la viceministra, Lorena Castellano, revisó el instrumento para los cambios de denominación de los cargos de salud pública. Dijo que el manual de funciones es un proceso técnico que lleva tres años, en el afán de defender los derechos de los trabajadores.
Este manual permitió en una primera fase solicitar al Ministerio de Finanzas el dictamen presupuestario, que por limitación económica, no fue favorable, lo que impactó el avance del proceso de reclasificación de puestos, afirmó Lorena Astudillo
Teresa Saavedra y Fabián Escalante, del Ministerio de Salud Pública, dijeron que la clasificación de puestos es un tema de interés de la entidad, mismo que posibilitará resolver una serie de procesos.
Criterios legislativos
Pamela Aguirre demandó el cumplimiento del manual de reclasificación de puestos de los trabajadores, de manera equitativa, criterio que fue compartido por el parlamentario Comps Córdova. La legisladora también dijo no estar de acuerdo que se diferencie en este tratamiento al personal administrativo del personal médico, porque sin ellos el sistema de salud colapsaría.
Salvador Quishpe sugirió exigir una auditoría al cumplimiento del manual de reclasificación, así como de la aplicación del artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario, moción que contó con el respaldo de 8 asambleístas.
Johana Ortiz expuso que el trabajo de la Comisión es garantizar los derechos de los trabajadores que por ley les corresponde. Omar Cevallos hizo referencia los problemas que enfrentan los empleados públicos de los hospitales.
Atención primaria en salud
A pedido del vicepresidente de la Comisión, Luis Marcillo, los representantes del Ministerio de Salud absolvieron inquietudes sobre los Técnicos de Atención Primaria de Salud. Los trabajadores piden ser considerados como personal de primera línea. Sobre este tema la comisión preparará un documento de aclaración.
Por último, el presidente del Colegio Nacional de Técnicos en Atención Primaria en Salud, Danny Chóez, expuso sobre el derecho a la permanencia y estabilidad laboral, establecido en la Ley de Apoyo Humanitario.
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