En el marco del tratamiento de los proyectos de ley relacionados con la regulación del lobby y la prevención de conflictos de intereses, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a María Vela, experta en Derecho Tributario y Aduanero, quien explicó la definición de lobby, los tipos, finalidad y por qué es necesario regular.
La Asamblea Nacional recoge las observaciones ciudadanas para la construcción de las leyes, con el objetivo de propiciar, fomentar y garantizar los derechos de participación ciudadana, colectivos, comunas y comunidades.
En su explicación, Vela señaló que el lobby permite diferenciar y controlar los delitos como el cohecho y tráfico de influencias, así como el conflicto de intereses. También hizo referencia a las sanciones que contempla el lobby a actividades como no informar en forma oportuna los datos de las reuniones o audiencias, realizar la actividad sin estar inscrito en el registro o no tener licencia, representar o defender intereses opuestos inclusive entre autoridades distintas, o utilizar información calificada como reservada en su beneficio.
La mesa también recibió al jurista Rubén Morán, quien señaló que los proyectos tienen una línea similar a la legislación chilena. Remarcó que la regulación es necesaria. En tal sentido, consideró fundamental establecer una entidad de control, que a su parecer podría ser la Contraloría General del Estado. En el tema de sanciones comentó que a más de pecuniarias deberían ser penales.
Tras estas declaraciones, la asambleísta Katiuska Miranda sugirió que se analice e incorporen los estudios relacionados con el lobby en Latinoamérica, con énfasis en Perú y Chile. Mientras que los legisladores Humberto Alvarado y Mauricio Zambrano coincidieron en que es necesario construir una ley clara y precisa, a fin de evitar contratiempos. Para ello, se deben aplicar mecanismos acordes a la legislatura ecuatoriana.
En otro aspecto, la Comisión avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto a la falta de información solicitada por el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, a los vocales del Consejo de la Judicatura sobre el reglamento del concurso para fiscales provinciales y el de acceso a la carrera fiscal a nivel nacional.
Una vez que la mesa conoció sobre el particular aprobó con nueve votos una resolución para que en un plazo de cinco días el Consejo de la Judicatura entregue la información pertinente.
SV/pv
