Los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quishpe, solicitantes del juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, presentaron sus argumentos de cargo en la Comisión de Fiscalización, con el propósito de demostrar el incumplimiento de funciones del exfuncionario, asignadas por la Constitución y la ley.
Mientras, en horas de la tarde, el organismo había previsto recibir a René Ortiz, quien no asistió ni presentó excusa alguna, hecho que fue calificado por la Comisión como una falta de respeto a la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. La mesa insistirá en la convocatoria al exministro de Energía, para que ejerza su derecho a la defensa, mañana, viernes 15 de octubre, a partir de las 09h00.
Luis Almeida aseguró que el exfuncionario, al no contestar la demanda ni presentar pruebas de descargo, aceptó de manera tácita los cargos, en todas y cada una de las causales incluidas en la solicitud de juicio político, particularmente, respecto de la escandalosa sobrefacturación del servicio de energía eléctrica, hecho que perjudicó a centenares de miles de ciudadanos, sobre todo en las provincias de la costa ecuatoriana, en la etapa más crucial de la pandemia por Covid-19.
También recordó que las resoluciones del organismo encargado de la regulación y control del sector eléctrico, al autorizar el cobro de facturas con valores presuntivos, afectó los principios de equidad y proporcionalidad en la aplicación de tarifas abusivas, al margen de la ley, cuando tuvo que primar un criterio de solidaridad debido a la difícil situación que atravesaba el país.
Responsabilizó al exministro René Ortiz por la falta de sensibilidad en la aplicación de la política tarifaria de uno de los principales servicios básicos, como es la electricidad.
Entre tanto, Salvador Quishpe, en referencia a la política de precios y de comercialización de los combustibles, subrayó que el exministro René Ortiz benefició intereses económicos de particulares, en lugar de precautelar los intereses del Estado ecuatoriano y de la ciudadanía.
“Este juicio político no busca simplemente la censura de un exfuncionario, porque ya no está en ejercicio del cargo; este juicio político debe ir más allá de la censura y tenemos que evidenciar la política perversa, que afecta a las ecuatorianas y ecuatorianos”, enfatizó.
Reiteró que el exministro es responsable por haber autorizado el incremento constante del precio de los combustibles que, precisamente, fue la causa de la lucha de los pueblos del Ecuador en octubre de 2019.
Comparecencia de autoridades
Previamente, la Comisión recibió a Rafael Vásquez, gerente subrogante de la Corporación Nacional de Electricidad (CNELEP) e Istvan Hervas Játiva, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, quienes se refirieron a los reclamos de la ciudadanía por los cobros excesivos de las planillas eléctricas.
Indicaron que todos los reclamos han sido atendidos y que se devolvieron valores por 16 millones de dólares, excepto en los casos en los cuales los usuarios no estuvieron satisfechos con el arreglo propuesto por las empresas distribuidoras.
Rafael Vásquez aseguró que hoy existe un sistema de lectofacuración por el cual queda constancia de la visita que hacen los lectofacturadores a los domicilios y locales. Si existe una diferencia importante en el promedio de pago, no se genera la factura, sino una orden de trabajo para que los técnicos vayan a revisar los medidores para saber qué problema presentan. Con esto, ya no habrá cobros presuntivos, dijo, al aclarar que jamás se trató de un incremento de tarifas, sino de cobros altos respecto del histórico promedio de consumo.
EG/pv
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