La Comisión de Enmiendas Constitucionales, presidida por el legislador Francisco Jiménez aprobó el informe para segundo debate del proyecto de enmienda al artículo 258 de la Constitución, presentado por el exasambleísta Washington Paredes, quien propuso que la designación del Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea mediante una elección popular y que su nombramiento no dependa del Ejecutivo.
La Comisión consideró que la propuesta es improcedente, considerando que más bien puede afectar al régimen especial de gobierno que tiene la provincia de Galápagos por disposición de la Constitución, razón por la que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional no aprobar el proyecto.
El Presidente de la Comisión tras anunciar que el documento será remitido de inmediato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea sometido a consideración del Pleno Legislativo, recordó que en el proceso de análisis del proyecto escucharon las opiniones y comentarios de diversos actores sociales, públicos y privados, así como de expertos, que sirvieron de base para tomar esta resolución.
El proyecto fue analizado en siete sesiones y tuvo 23 comparecencias de expertos en materia constitucional y conservación, miembros de la sociedad civil de las islas, funcionarios y representantes del Estado.
En el informe se destaca que el Régimen Especial de Galápagos garantiza un balance entre la vida y la zona natural protegida y que a través del Consejo de Gobierno se busca un equilibrio entre la responsabilidad estatal y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), como mecanismo para asegurar la preservación del Archipiélago.
También se advierte que, al disponer que el Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea electo por el voto popular y modificar el sistema de gobierno de las islas se podría desconocer la naturaleza del régimen especial que tiene la región insular.
La Comisión consideró que no existen argumentos sólidos que permitan pensar que una integración distinta del Consejo de Gobierno cambiaría las condiciones de vida de los galapagueños.
Además, advirtió que al establecer que el Presidente del Consejo de Gobierno sea electo con el voto popular existiría el riesgo de usar esta dignidad como plataforma política, lo que no beneficia al Régimen Especial de Galápagos, que tiene sus propias particularidades.
Por las razones anotadas concluye que el proyecto de enmienda no tiene sustentos técnicos ni jurídicos y que mas bien constituiría una acción regresiva en materia ambiental.
PV
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