En el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, la Comisión de Fiscalización recibió nuevas pruebas de cargo solicitadas por los interpelantes, Ricardo Vanegas y Luis Almeida. En esta ocasión, entre otros, comparecieron la exfuncionaria Soad Mansur y el procurador General del Estado, Íñigo Salvador.
La extitular de la Superintedencia de Compañías, Suad Mansur, aseguró que en su período no conoció las operaciones irregulares de las casas de valores. Lo que sí pudo advertir, en marzo de 2017, meses antes de ser reemplazada, fue que había operaciones efectuadas con fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), a través de casas de valores, que no correspondían a este segmento, sino que esas transferencias eran propias del régimen bancario y así informó a la Superintedencia de Bancos para que ejerza el respectivo control.
Añadió que no se recibió ninguna denuncia sobre irregularidades con las casas de valores, porque esto se supo después, en 2018, cuando ya había dejado su cargo.
De su lado, el procurador Íñigo Salvador aclaró que sus competencias, por mandato constitucional y legal, están relacionadas con la absolución de consultas de las entidades públicas y prestar el patrocinio y acompañamiento para la defensa en los procesos judiciales para la defensa de los intereses del Estado.
En este ámbito, la Procuraduría absolvió una consulta del ISSPOL acerca de que si los aportes, tanto personales de los afiliados, como del patrono (la Policía) alimentan la seguridad social de la entidad constituyen fondos públicos. La Dirección de Consultoría, previo análisis de la legislación vigente, respondió que sí. Igualmente, a través de la Dirección de Patrocinio presta acompañamiento al ISSPOL para requerir de la cooperación internacional con Estados Unidos para conocer de las causas que se llevan en Miami con las empresas vinculadas con la trama de corrupción de Ecuador. “Vamos a firmar un Convenio de Cooperación para contratar abogados con sede en Norteamérica”, añadió.
También acudió Orlando Vélez, exvocal del Consejo Directivo del ISSPOL en representación de los policías en servicio pasivo, quien dijo que no conoció las irregularidades en las inversiones realizadas por la entidad aseguradora.
Finalmente, Gustavo Wray, gerente de Agripac, explicó las condiciones en las cuales se desarrolló la negociación con la empresa Ecuagran y la realidad con que se encontraron posteriormente. “Nunca encontramos la mercadería que Ecuagran dijo tener”. Insistió.
El próximo lunes, 22 de noviembre, a Comisión continuará con la última jornada de recepción de pruebas en la sustanciación del juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia. A primera hora escuchará al exministro del Interior, José Serrano. Luego, será el turno de los interpelantes, Ricardo Vanegas y Luis Almeida, quienes sustentarán sus afirmaciones; y, por último, el funcionario encausado, Víctor Anchundia, hará uso de su legítima defensa.
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