Ante la Comisión de Seguridad Integral, compareció la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien informó la base normativa y los elementos específicos relacionados con el proceso de calificación para los ascensos del alto mando policial, así como las acciones realizadas por el Gobierno frente a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, para la entrega de los datos relacionados con la supuesta existencia de “narco generales”.
La Secretaria de Estado explicó que el proceso de ascenso inició con varias fases: notificación a cada uno de los generales, recopilación de información del grado, evaluación del grado, méritos, datos de ficha médica y pruebas físicas, a la vez detalló el procedimiento y cada una de las etapas para la calificación previo el cumplimiento de requisitos.
En otro orden, expresó que ante las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, relacionadas con la supuesta existencia de "narco generales" se realizó un pronunciamiento de carácter público solicitando al diplomático que mencione los nombres de esas personas que motivaron su declaración, pero no hubo respuesta.
Agregó que luego el Ministerio de Gobierno solicitó por escrito la presentación de la información y específicamente de las personas a las que se refería y el Embajador respondió que la atribución para otorgar o retirar una visa es competencia exclusiva del Gobierno de los Estados Unidos y como consecuencia de esa potestad había tomado la decisión de retirar el documento a algunos generales, cuyos nombres, de conformidad con la legislación vigente de su país, no estaba en condición de entregar.
Dio a conocer que el Ministerio de Gobierno inició la investigación y revisión del patrimonio de cada uno de los 20 generales en servicio activo de la Policía Nacional y de su familia, y que tanto la Superintendencia de Bancos, como la Unidad de Análisis Financiero tienen en marcha un proceso de investigación.
Uso progresivo de la fuerza
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica sobre el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza, la Comisión recibió las observaciones de los expertos Romel Jurado y Jorge Sosa. Jurado recomendó adoptar un enfoque de derechos en el proyecto unificado.
Dijo que es necesario establecer con precisión el alcance del uso progresivo de la fuerza; los titulares de derecho; las responsabilidades y obligaciones del Estado, de los miembros de los cuerpos de seguridad; de los ciudadanos particulares y las consecuencias jurídicas que deben enfrentar las personas que violen el derecho o incumplan las obligaciones establecidas en la norma jurídica.
Jorge Sosa indicó que la idea es que el articulado restrinja el derecho de la fuerza pública. Explicó que la fuerza es una competencia debidamente regulada para evitar abusos. “La ONU habla del uso progresivo de la fuerza para limitar y buscar excepcionalidades en su aplicación por parte de la fuerza pública. También se deben establecer temas como la excepcionalidad y la fuerza no letal", aseveró.
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