La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, presidida por Washington Varela, conoció la planificación para el primer semestre de 2022, agenda que estará marcada por el trámite de varios proyectos reformas legales pero, sobre todo, por acciones de control político en materias como la erosión regresiva del río Coca, la contaminación y la minería ilegal.
De esta manera, hasta febrero la mesa concluirá el análisis de los informes para primer y segundo debate de varios proyectos de ley, dentro de los tiempos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre ellos, las reformas a la Ley de Minería, Ley para la Planificación de la Circunscripción Especial Amazónica, Ley de Recursos Hídricos y Ley de Régimen Especial de Galápagos.
Así mismo, otra línea de gestión será el control político relacionado con las actividades mineras y petroleras; el seguimiento a la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación de los bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní; la erosión regresiva del río Coca; problemas de contaminación en Quito, La Concordia y Esmeraldas; y, la fiscalización al proyecto Hidroeléctrico Mazar.
Igualmente, el organismo legislativo tiene previsto recibir las comparecencias de los ministros de Gobierno; de Energía y Recursos Naturales no Renovables; de Ambiente; y, del Director de la Agencia Nacional de Gestión de Riesgos, acerca de las acciones tomadas frente a la minería ilegal en Zaruma (El Oro), Napo y el cantón Ponce Enríquez (Azuay).
Se convocará, también, a las autoridades de Petroecuador para que informen acerca de los contratos en materia petrolera.
Conforme lo establecido por la Comisión, más o menos a fines de febrero, se avanzará con la programación del proceso de seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, sobre la base de la iniciativa planteada por Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional.
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