Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso a la Defensoría del Pueblo la presentación del proyecto de ley en mención, esta propuesta normativa fue analizada en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, sobre la base de criterios técnicos, científicos y de diversas organizaciones de derechos humanos, grupos feministas y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Este día, la Asamblea ha dado una nueva muestra de la responsabilidad y transparencia cumpliendo la labor delegada por sus mandantes. Hoy, el Pleno del Legislativo tomó una decisión mayoritaria después de un amplio debate participativo, laico y democrático, sobre un proyecto de ley de gran importancia para el presente y para el futuro de las niñas, adolescentes y mujeres del país", expresó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.
El cuerpo normativo tiene por objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción voluntaria de su embarazo en casos de violación, garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La ponente Johanna Moreira comentó que luego de un debate exhaustivo hoy la normativa se ajusta a la realidad del pueblo ecuatoriano y de las víctimas de violencia sexual. "Tenemos un texto final que nos acerca a tener las voluntades del Pleno, esta es una Ley que garantiza el respeto a los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes", resaltó.
Respecto de los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto prevé las 12 semanas de gestación como límite máximo. Excepcionalmente, considerando características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad de pueblos y nacionalidades, este procedimiento se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. Debido a la condición especial de discapacidad mental víctimas de violación, se observarán y cumplirán las mejores prácticas médicas.
Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes, y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación.
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