La consulta prelegislativa sobre las reformas a la Ley de Minería podría iniciar el 4 de mayo, una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) apruebe su Reglamento y con ello garantizar el respeto a los derechos de pueblos y nacionalidades, indicó el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela.
En la mesa legislativa, Luisa Pazmiño, en representación de la Coordinación de Participación Ciudadana del Parlamento, señaló que el 30 de abril expondrán ante el CAL el proceso de elaboración de la propuesta de Reglamento de la Consulta Prelegislativa, sobre la base de la sentencia de la Corte Constitucional y lineamientos establecidos en instrumentos Internacionales.
Precisó que mantienen diálogos con el Consejo Nacional Electoral para la firma del convenio interinstitucional para el desarrollo del proceso de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
En otro orden, los comisionados escucharon a los delegados de la Unidad de Técnica Legislativa la explicación sobre el seguimiento y evaluación de la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica. Mencionaron que esta herramienta de evaluación servirá para mejorar los cuerpos legales, diseñar la política pública e incluso los procesos de fiscalización para las autoridades que no hayan cumplido la normativa.
En el documento borrador del informe de seguimiento y evaluación de la ley se establece que el acceso preferente para las actividades extractivas, que se desarrollan en la Amazonía no fue el adecuado y que subsiste una ambigüedad entre el precio de venta de barril de petróleo y el valor de comercialización interna. Tampoco se ha cumplido con la creación de las cuatro universidades en la región.
El presidente de la comisión, Washington Varela recordó que el seguimiento a la ley arrojó datos importantes respecto de la aplicación de la Ley Amazónica, mismos que servirán de base para las reformas que realiza la mesa legislativa.
Entre otros aspectos, dijo que no se cumple la cuota del 70% de contratación a mano de obra y profesionales para las actividades extractivas; tampoco la asignación justa de recursos económicos por extracción de petróleo en la región.
Advirtió que al no crear las universidades y nuevas carreras se perjudica a la educación y a estudiantes de la región. Precisó que exigirán al Ministerio de Finanzas la transferencia de recursos oportunos a los gobiernos autónomos provinciales, municipales y parroquiales.
De su lado, el parlamentario Juan Cristóbal Lloret mencionó que es positivo evaluar el efecto y aplicación de la ley, no solo para una posible reforma, sino para ejercer el control político y fiscalización por los incumplimientos; mientras que la vicepresidenta de la comisión, Consuelo Vega recomendó iniciar procesos de fiscalización por el incumplimiento y omisiones detectados.
La parlamentaria Rosa Cerda solicitó ampliar el informe de evaluación, para que incluya determinaciones de responsabilidad por los incumplimientos.
JLVN/pv
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