El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, que tiene como propósito promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en medios de comunicación.
El debate se realiza sobre la base del informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales, que unificó los proyectos que sobre la materia presentaron el presidente de la República, Guillermo Lasso, los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el exlegislador Juan Cárdenas.
Previo al debate, fue recibido en comisión general César Ricaurte, director de Fundamedios, quien señaló que el estudio de la propuesta llega en un momento muy importante, pues el último paro evidenció una situación de inseguridad y falta de garantías para el trabajo periodístico.
Destacó que el proyecto puede mejorar las condiciones para quienes ejercen el periodismo, a la vez que aseveró que comparte la propuesta de permitir que los medios generen mecanismos de autorregulación. Aspiramos que esta ley sea un paso adelante en la protección de los derechos humanos en el país, enfatizó.
María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, tras reiterar la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos, a la comunicación, opinión e información, manifestó que la Ley de Comunicación debe ser considerada un cuerpo integrado, por lo que no comparte la propuesta de generar otras normas sobre publicidad, el uso del espectro radioeléctrico y asignación de frecuencias, pues ello afectaría la pluralidad de la comunicación. También realizó observaciones a la conformación del sistema de comunicación y sus funciones y a la necesidad de dictar la regulación para la garantía de los derechos.
Apawki Castro, de la organización Kapari, tras aseverar que el país necesita una ley que garantice el avance en derechos, afirmó que no está de acuerdo con la autorregulación de los medios de comunicación. Llamó a fortalecer los medios comunitarios, la comunicación de los sectores populares y a velar por la democracia de la comunicación.
Eduardo Guachamín, coordinador de Corape, sostuvo que es importante trabajar por la democratización de la comunicación. Compartió la propuesta de María Eugenia Garcés de dictar las regulaciones y no fraccionar ni dividir la ley, pues la Constitución reconoce los tres sectores de la comunicación, de modo que la distribución de frecuencias y los contenidos estén en una misma ley, para defender los derechos de todos los ciudadanos.
La legisladora Marjorie Chávez, ponente del informe, explicó que el documento es el resultado de nueve meses de trabajo participativo e inclusivo con 48 comparecencias y 9 mesas técnicas. Señaló que el proyecto regula de manera autónoma los derechos de comunicación y expresión, con un esquema de corregulación y responsabilidad ulterior, como lo sugieren los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Resaltó que el proyecto ratifica la obligación del Estado de garantizar el 34% del espectro radioeléctricos para los medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 % para privados.
Debate
En el debate participaron 11 asambleístas, Varias fueron las propuestas que se presentaron, entre ellas, promover una comunicación democrática y plural para que la voz de los sectores populares también sea escuchada y defender la honra y dignidad de las personas; mantener la regulación y la distribución del espectro radioeléctrico de manera justa, equitativa y equilibrada en la misma ley; democratizar la comunicación, garantizar los derechos, la protección y seguridad de los trabajadores de la comunicación y el derecho a mantener la reserva de la fuente, a la réplica, a la rectificación.
También rescataron la necesidad de respetar la cultura ancestral de pueblos y nacionalidades; el pronunciamiento ciudadano en la consulta popular de 2011, la responsabilidad ulterior en el ejercicio de la comunicación, pues la libertad de información conlleva un sentido de responsabilidad y respeto por los derechos de los demás y asegurar la pluralidad y diversidad de las voces, para lo cual se requiere evitar el monopolio en el uso de las frecuencias.
La legisladora Marjorie Chávez, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitó que el debate del tema se suspenda por ocho días, para que la Comisión de Relaciones Internacionales procese las observaciones, propuesta que fue acogida por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.
PV
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