La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el proceso de fiscalización y control político de los hechos relacionados con las movilizaciones de junio de 2022. Para ello, escuchó a varias autoridades, organizaciones de la sociedad civil y actores de las movilizaciones.
Diana Salazar, Fiscal General del Estado, manifestó que la institución es muy respetuosa de lo que establece la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta social. No obstante, advirtió que existe otro tipo de hechos que pasan de la protesta social pacífica a hechos violentos y en ese momento se debe activar la acción legal.
Sostuvo que la Fiscalía no tiene que coordinar ninguna aprehensión en delito flagrante, tomando en cuenta que es responsabilidad exclusiva de la Policía, que luego de la detención debe poner a órdenes de la autoridad competente.
César Córdova, Defensor del Pueblo, explicó que ante las detenciones estuvo en 83 diligencias procesales, a la vez que detalló que las detenciones se realizaron en nueve de las 24 provincias del Ecuador.
Informó que Pichincha registró 44 detenciones, Orellana 22, Chimborazo 9, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas 2 detenciones en cada una.
Dario Iza, presidente del pueblo Kito Kara, tras explicar que esta comunidad está ubicada entre los cantones Rumiñahui y Mejía, afirmó que en estos territorios hubo represión policial.
Entre tanto, Sara Oviedo, directora Ejecutiva de la Fundación Quitu Raymi, señaló que en las movilizaciones estuvieron presentes niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, Joicy Soto, coordinadora General de Socorristas de Paz, manifestó que en esta movilización participaron con brigadas médicas para socorrer a personas heridas y equipo de salud mental y rescate para atender a quienes tenían síntomas de crisis y paranoia.
La legisladora Fernanda Astudillo agradeció la presencia de los comparecientes, pues su información ayudará a preparar el informe.
HC/pv
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