Luego de la publicación en el Registro Oficial de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Loei), la Comisión de Educación recibió a representantes de varias organizaciones de docentes del país, quienes presentaron nuevos pedidos en beneficio de este sector social.
Tras celebrar el trabajo de la Función Legislativa en atención a la justa lucha en favor de los docentes, aseguraron que este es solo un primer paso para reconocer la labor de los maestros del país. Enfatizaron que mantendrán su lucha hasta lograr una jubilación digna.
Exhortaron a la mesa legislativa revisar los casos de los docentes desvinculados durante la pandemia; los concursos “Quiero Ser Maestro”, en los que habría irregularidades; los requisitos para cada categoría docente; casos de personal que no cumple requisitos y que labora en actividades docentes; y, que se analicen los casos de profesores que prestan servicio en territorios que no son los suyos.
Acudieron Agustín Lindao, presidente de la Red de Educadores del cuador; Isabel Vargas, titular de la Unión Nacional de Educadores (UNE); César Chiriboga, presidente del Frente 13 de Abril; Griska Anastacio Pérez, de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Educación; Diego Soto, del Colectivo de Trabajadores de Loja; Cristian Veloz, Asociación de Profesionales de la Educación; Mario Escobar, representante de Docentes Poder y Educación; Arasely Puetate, representante de los Educadores Populares y Comunitarios; Roberto Paredes en representación de Docentes Desvinculados; y, Julio Ramírez, de la Organización Social de Docentes del Ecuador.
Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación, ratificó el compromiso de la Asamblea para eliminar iniquidades y se comprometió a revisar todas las demandas expuestas.
En otro orden, dentro del tratamiento del informe de segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Superior, los comisionados recibieron aportes y observaciones de varios representantes de la comunidad educativa, respecto de los requisitos para el personal académico de educación superior; y, los procesos de intervención de las Instituciones de Educación Superior.
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