Este jueves, 4 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el análisis de la objeción parcial al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que busca proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho a la seguridad integral de los habitantes del Ecuador.
Luego de la lectura del informe no vinculante, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, subrayó que la mesa legislativa dedicó 36 sesiones ordinarias al tratamiento de este proyecto, a través de las cuales realizó un amplio análisis técnico y responsable para desarrollar esta norma que regula el uso legítimo de la fuerza, con carácter excepcional, por parte del Estado, a través de los servidores de la Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad penitenciaria.
Subrayó que las objeciones presentadas por el Presidente de la República van en contra de la constitución y los estándares internacionales. Por ello, la mesa recomienda al Pleno la ratificación en el contenido de los artículos 1, 4, 5, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 31, 44, 54, 65, 66, 68; y las Disposiciones Reformatorias Primera, Séptima, Octava, Décimo Novena y Vigésimo Séptima. Así mismo, propone se acoja la observación del Ejecutivo al artículo 14.
Aclaró que, mediante sentencia, la Corte Constitucional estableció que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son las únicas facultadas para usar la fuerza; que la rendición de cuentas es una obligación de todo servidor público y, más aún, los agentes del orden; que el único caso en el que la fuerza pública no puede usar animales es para atacar a personas durante una protesta social; y que se eliminó el protocolo de progresividad en el accionar policial. Ahora, el policía puede actuar según sea el caso de la amenaza.
Comisión general
Previamente, el Pleno recibió en comisión general a actores de derechos humanos y representantes de organizaciones relacionadas con la fuerza pública, quienes expusieron sus criterios respeto a la objeción parcial impuesta por el Presidente de la República.
El general Fausto Olivo, director de Talento Humano de la Policía Nacional, subrayó que las objeciones presentadas por el colegislador fueron realizadas por la Policía Nacional, y pretenden garantizar, además de la vida de los ciudadanos, la vida de los agentes del orden.
De su lado, la académica Angélica Porras y Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltaron que el proyecto aprobado por la Legislatura está apegado a lo que establecen los estándares internacionales para usar la fuerza en estricto respeto a los derechos humanos.
Por ultimo, Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, expresó su preocupación por la falta de presupuesto ante la posibilidad de que entidades complementarias a cargo de los gobiernos descentralizados puedan aplicar el uso legítimo de la fuerza.
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