La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene como objetivo garantizar los presupuestos incrementales en salud y educación.
Esta propuesta busca normar las disposiciones constitucionales que generen preasignaciones presupuestarias para salud y educación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias décimo octava y vigésimo segunda de la Constitución de la República.
La reforma en mención norma las preasignaciones creadas por la Constitución de tal forma que los incrementos del 0.5% del PIB para los mencionados sectores se realicen en función del valor más alto entre el presupuesto inicial y el codificado, con lo cual se restringe la posibilidad de que los recursos para salud y educación disminuyan en el tiempo, como sucedió entre los años 2018 y 2022.
Así mismo, el proyecto define claramente qué rubros se deben computar en el cálculo de las preasignaciones para estos dos sectores, lo que hace más transparente en el Presupuesto General del Estado (PGE).
Además, se impide que los presupuestos de la educación superior sufran modificaciones presupuestarias a la baja a lo largo del año y permite que la Asamblea Nacional realice una fiscalización más efectiva sobre el proceso de elaboración y ejecución del PGE.
La asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la comisión, aclaró que el proyecto no altera el presupuesto, pero asegura que se cumplan las disposiciones de la Constitución relativas a las asignaciones presupuestarias para educación y salud
HC/pv
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