La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó por unanimidad el informe sobre el proceso de fiscalización respecto de los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022, sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales.
El informe, entre otros aspectos, recomienda que el Gobierno Nacional elabore y aplique políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables; y, que, a través de los ministerios, promueva el derecho a la protesta social, a la resistencia por parte de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Así mismo, que los Ministerios del Interior y de Defensa inicien los procesos de investigación en la vía administrativa y disciplinaria de servidores policiales y militares que ejecutaron acciones que vulneren los derechos humanos y se remita los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo, para que inicien la investigación que permita la sanción a las prácticas que menoscabaron los derechos de los manifestantes.
También conmina a la Fiscalía a que inicie las investigaciones respecto de las causas de los ciudadanos que perdieron la vida durante el paro nacional.
La comisión recomienda remitir el informe a la Comisión de Fiscalización, para que constituya información documental durante la etapa de sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de Patricio Carrillo, ministro del Interior; Nelson Proaño, ministro de Defensa; y, Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica.
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