Esta propuesta del legislador manabita Xavier Santos se fundamenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual determina que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad.
El parlamentario en la exposición de motivos advierte que la empresa consultora de Costa Rica “CID GALLUP”, en la encuesta de opinión de 27 de julio del 2022 ubica al Ecuador en tercer lugar dentro de los países con mayor tasa de robos y asaltos durante el primer cuatrimestre del año.
Enfatizó que, los datos dejan en evidencia la falta de capacidad de respuesta y liderazgo del Gobierno para desarrollar programas y estrategias eficaces de seguridad que permitan recuperar el orden público y, por consiguiente, la tranquilidad de la ciudadanía, mediante una evaluación constante de la problemática, a través de organismos como el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE.
También expresó su preocupación por los hechos de violencia acontecidos, especialmente, en las últimas semanas que han afectado no solo la vida de ciudadanos, sino también a las instituciones del orden, entre ellas, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Resaltó que frente a esta situación se torna indispensable determinar una diferenciación entre terrorismo y narcoterrorismo. En el primer caso, la alteración de la paz social, perpetrada por sus autores, persigue fines estrictamente políticos y en el caso del narcoterrorismo nos encontramos frente a la instrumentación del terror en sociedad para preservar, defender y favorecer las redes y estructuras criminales del narcotráfico e inclusive ejercer retaliación en contra de la política pública de lucha contra el crimen organizado, explicó.
Afirmó que los hechos ocurridos entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2022, en donde se registraron decenas de atentados en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, producto de la reorganización y traslado de los privados de libertad de los centros penitenciarios, especialmente vinculados al tráfico de drogas, evidencian cómo se configura el narcoterrorismo.
Por último, expresó que frente a esta realidad es deber de la Legislatura abordar esta problemática y establecer las sanciones diferenciadas, que es lo que busca precisamente su proyecto de ley.
PV
