El contralor general del Estado, Carlos Riofrío, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, confirmó que el examen de auditoría a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), actualmente en liquidación, se determinó varias irregularidades en los contratos de compraventa de arroz y se determinaron glosas por más de cinco millones de dólares en contra de funcionarios de esa entidad.
La presidenta encargada de la comisión, Lucía Placencia, quien solicitó la comparecencia, explicó que la mesa legislativa avanza en el proceso de control político a estos contratos y la desaparición de arroz de las bodegas de UNA EP, por lo que incluso acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia respectiva.
Al respecto, el funcionario explicó que el informe de Contraloría, aprobado el 14 de julio de 2020, corresponde al examen especial a los contratos de compraventa a plazos de arroz, celebrados entre 1 de noviembre de 2018 y 31 de julio de 2019, lapso en el que se revisaron 13 contratos por 34 millones 534 mil dólares.
Reveló que se determinaron varios hallazgos, entre ellos, expedientes de los procesos de compraventa sin la documentación completa, la falta de certificados de existencia del producto, ni los documentos sobre la constitución de las compañías compradoras y la Lista Blanca del SRI.
Añadió que los formularios de solicitud de venta no tienen firmas de aprobación del Comité de Ventas Anticipadas a Plazo, y tampoco hay los informes semanales para el para el control del cobro de cartera de acuerdo con el cronograma de pagos establecido en los contratos de venta a plazos.
En seis contratos, el precio de venta del arroz fue inferior al precio oficial, lo que provocó un perjuicio de 822 mil dólares; en otros se despachó el arroz sin facturación, incumpliendo el cronograma de pagos y cobro de intereses; en cinco contratos no se cumplió la obligación de exportar por parte de los compradores, generando multas por 792.000 que no fueron cobradas por UNAEP; el bodeguero entregó, con la autorización de los administradores de contrato 333 quintales adicionales a los establecidos en seis contratos, con un perjuicio por 6 mil dólares.
Reiteró que se han fijado glosas por 5 millones 96 dólares en contra de gerentes generales, administradores de contrato y bodegueros. También detalló el proceso para el cobro de estos valores y las acciones que debe cumplir el liquidador de la empresa, para la recuperación de los recursos.
Por último, el Contralor informó que no existe informe de indicios de responsabilidad penal, considerando que en el examen no se evidenció documentación fraudulenta y que el 2 de mayo próximo emitirá la orden de trabajo, para ejecutar el examen especial a las operaciones administrativas y financieras, a los procesos de liquidación y la transferencia de pasivos y activos de UNA EP al Ministerio de Agricultura.
El Contralor se comprometió a remitir a la comisión toda la información para el análisis respectivo.
PV
