La Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, con seis votos afirmativos, aprobó el informe por el cual se evidenciaría el presunto cometimiento de delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, a través del supuesto entramado de corrupción en empresas públicas. En tal virtud, recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 129, numerales 1 y 2 de la Constitución, es decir, delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado).
El documento será remitido a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas, respectivamente, con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes.
Dentro de las conclusiones, la mesa establece que de las declaraciones del exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, y su ratificación ante la Asamblea, en el sentido que el Presidente de la República, después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no presente el informe a las autoridades pertinentes, en un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la Asamblea Nacional y también a la Función Judicial.
Así mismo, precisa que más allá de lo dispuesto en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo respecto de la responsabilidad de los delegantes, hay una responsabilidad política, puesto que el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue advertido por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, de los posibles actos de corrupción y no solo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional.
Subraya que, no conforme con esto, el Jefe de Estado, interfirió en el proceso investigativo que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, al permitir que, desde el Ministerio del Interior, se facilite el traslado de 37 agentes policiales-investigadores que coordinaban acciones con la Fiscalía General del Estado.
A criterio de la Comisión, simultáneamente, el Presidente de la República, transgredió el principio de reserva de ley, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, mediante Decreto Ejecutivo No. 163, en lo relacionado con la conformación de los directorios de las empresas públicas, lo que demuestra una aberrante violación a la Constitución, pues asumió una competencia que es exclusiva de la Asamblea Nacional; hecho agravante por sus posteriores actuaciones dolosas.
La titular del organismo, Viviana Veloz, calificó este día como histórico para el país, porque se trata de establecer la verdad sobre la conducta del presidente Lasso contraria a los intereses de la ciudadanía, tratando de ocultar potenciales conductas ilícitas de su cuñado, Danilo Carrera y de sus funcionarios más cercanos, así como obstruir la labor fiscalizadora de la Asamblea.
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