El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso, al proyecto de reforma a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, que tiene por objetivo combatir con eficiencia la inseguridad que afecta al país, de manera articulada con otras normativas legales como la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza. El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación.
La asambleísta Patricia Núñez, ponente del informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, detalló el trabajo del organismo en el análisis de las 50 observaciones del Ejecutivo, muchas de las cuales mejoran el contenido de la ley. Sin embargo, considerando los principios de pertinencia, coherencia interna de la norma y legalidad y taxatividad de la norma, hay artículos en los cuales la Asamblea debe ratificarse en el texto originalmente aprobado por el Pleno.
Recordó que la reforma introduce cambios en nueve leyes, como las de Seguridad Pública y del Estado, de Defensa Nacional, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley de Extinción de Dominio, Código de la Función Judicial, Ley del Servicio Público, Ley de Telecomunicaciones y Código de Entidades de Seguridad Ciudadana.
Aseguró que esta ley otorga al Estado herramientas para combatir con eficiencia la inseguridad, para lo cual crea un conjunto de sistemas, políticas, estrategias y acciones que comprenden la defensa de la soberanía territorial, seguridad pública y seguridad ciudadana, sobre la base de seis ejes para promover un diseño institucional eficaz para la política criminal; un rediseño institucional de las principales entidades del sistema de rehabilitación social; reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para el fortalecimiento institucional; enmiendas en materia penal y ejecución de penas; la recuperación de activos; y, la conformación de tribunales fijos.
El Pleno con 117 votos afirmativos, se allanó a las objeciones de 22 artículos y la Disposición Transitoria Séptima, referentes a la conformación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el Rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana y orden público, destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, agente encubierto digital, finalidad y requisitos de la prisión preventiva, reglas de la incautación y aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal, entre otros aspectos.
Mientras, con 100 votos positivos, ratificó el texto originalmente aprobado en 27 artículos, sobre consejos de seguridad provinciales; naturaleza, conformación y funcionamiento del consejo de política criminal; participación de la sociedad civil en prevención y seguridad; control democrático a la inteligencia estatal; zonas de seguridad; delimitación de las zonas de frontera; delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; delito de prevaricato de jueces y árbitros y delito de delincuencia organizada.
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