El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La propuesta normativa regresó a la Comisión de Biodiversidad para que elabore el texto final para votación.
El presidente de la comisión y ponente del informe, Washington Varela, amparado en lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitó la suspensión del debate para incorporar los cambios sugeridos por los asambleístas y representantes de sectores amazónicos recibidos en el Pleno del Parlamento, a fin de preparar el articulado en el plazo de ocho días.
El parlamentario señaló que en la reforma se incorporó el principio de género, en concordancia con los compromisos internacionales que permite fortalecer y mejorar las condiciones de las mujeres y niñas amazónicas dentro de las políticas públicas; además, se establecen recursos económicos para financiar proyectos de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y fomentar proyectos de desarrollo y de igualdad.
En cuanto al empleo preferente, expresó que se incorpora la disposición para que las empresas privadas y públicas contraten a residentes amazónicos, en un porcentaje no menor al 80% y en caso de incumplimiento de esta disposición prevé la destitución de la máxima autoridad de la institución pública y en la empresa privada multa de 3 salarios básicos unificados.
Dijo que la norma garantiza a los GAD municipales recibir los tributos que les corresponden y que el domicilio de tributación será la jurisdicción donde se realice la actividad económica principal. Igualmente, indicó que en las reformas se asignan recursos para sectores como pueblos y nacionalidades, para la ejecución de los planes de vida con un 10% de recursos del Fondo Común; para la prevención y erradicación de violencia de mujeres un 5% del Fondo de Desarrollo Sostenible; para el fortalecimiento de la educación en general y superior de las instituciones existentes en la Amazonía se asigna el 47.5% de los recursos del Fondo Común y se incorpora la atención médica especializada e infraestructura adecuada para las personas con enfermedades raras, catastróficas y huérfanas.
En el debate intervinieron 15 legisladores quienes destacaron la importancia de aprobar las reformas a la Ley Amazónica. Dijeron que es momento de reivindicar los derechos de pueblos y nacionalidades a través de la entrega de presupuestos para sus planes de desarrollo. Consideraron oportuno ampliar recursos para prevenir la violencia contra las mujeres amazónicas, así como establecer mejores oportunidades para este sector. Precisaron que no se respeta el empleo preferente local por falta de un ente de control.
Enfatizaron en la necesidad de determinar mecanismos efectivos para garantizar salud, obras viales, educación de calidad para pueblos y nacionalidades. Exigieron el cumplimiento de la construcción de las cuatro universidades amazónicas. Además pidieron incluir en la normativa la asignación del 1% para el fondo de agua para consumo humano y riego; así como disposiciones específicas para el Plan de Ordenamiento Territorial que se realice de forma articulada con los distintos niveles de gobierno y la gente.
En comisión general fue recibido Víctor Rivadeneira, quien expuso los problemas de pobreza que existen en la provincia de Morona Santiago; mientras, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, manifestó que la minería a gran escala le está dando réditos al país. Recordó que el año pasado genero divisas y dio empleo a miles de personas. Hay que buscar mecanismos para reducir la pobreza, enfatizó.
De su lado, Auxilio Vera, representante de la Red de Mujeres Amazónicas, indicó que la región es insegura para las mujeres porque los índices de violencia son altos. Agradeció a la Comisión de Biodiversidad porque recogió sus aportes; sin embargo, mencionó que hace falta que la normativa garantice equidad laboral.
Por último, Freddy Armijos, presidente del Comaga, manifestó que la Amazonía es la región más rica del Ecuador, por lo que la ley debe estar orientada a que esos recursos que se generan en esta circunscripción sirvan para su desarrollo y solucionar los problemas de salud, educación y protección del medio ambiente, entre otros.
JLVN/pv
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