Con 88 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional en aplicación de lo previsto en el inciso final del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), dispuso la continuación del trámite del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, propuesto por los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, que cuenta con dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
La resolución establece que se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos "pools" de empresas con los que FLOPEC EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al Presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado.
Afirma que, consecuentemente, el Presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en FLOPEC EP y que jamás cumplió su deber constitucional previsto en el artículo 233 de la Carta Fundamental y, al contrario de remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos ilícitos, permitió que el señor Valm. Jhony Estupiñán sea cesado ilegalmente del cargo de Gerente, a pesar de que fue él quien le remitió un informe y una carta denunciando dichas irregularidades.
La asambleísta Viviana Veloz, proponente del enjuiciamiento político, dijo que el proceso tuvo muchas tropiezos al interior de la Comisión de Fiscalización, por la actitud del titular de la mesa, quien se inventó providencias y otros mecanismos para impedir que el juicio prospere. “No hubo votos para aprobar el borrador de informe, preparado por el equipo asesor de la Comisión y cerró abruptamente la sesión, sin dar paso a la moción presentada por el legislador Comps Córdova, que incluía algunas observaciones al texto del mismo y proponía continuar con la siguiente fase del juicio político”, añadió.
Durante el debate, que contó con la participación de 21 legisladores, hubo intervenciones que cuestionaron la continuación del proceso. Así mismo, criticaron que en la Comisión de Fiscalización no se haya permitido la participación de los legisladores para la evaluación y valoración de las pruebas aportadas por las partes y no por los asesores de la Comisión. Añadieron que dar paso al enjuiciamiento político del Presidente de la República no vulnera derechos, sino, más bien, da la oportunidad para que el Mandatario ejerza su derecho a la defensa ante el Pleno de la Asamblea y que el país conozca las pruebas de cargo y de descargo.
Una vez resuelta la continuación del proceso, la Asamblea deberá aplicar lo previsto en los artículos 92 y siguientes de la LOFL para llevar a cabo la interpelación y que se presenten los alegatos de la defensa del Presidente de la República.
EG/pv
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