Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio, en septiembre de 2022, participó en la sesión de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en cuyo orden del día constó el conocimiento del proceso de cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobada el 17 de noviembre de 2022.
La resolución No. 114 dispuso, en ese entonces, que la comisión realice el seguimiento trimestral de la implementación de acciones para obtener información, realizar conclusiones y recomendaciones en el caso Bernal, para luego presentar un informe ante la Asamblea Nacional, en el plazo de 180 días, posterior a la respectiva notificación.
Elizabeth Otavalo puso en conocimiento de los miembros de la comisión que tras la muerte cruzada, las instituciones involucradas como Policía, MIES y Ministerio de Educación no han dado seguimiento al caso, y que su nieto, quien quedó a su cargo tras la muerte de su hija, tampoco ha recibido la atención necesaria, como un adecuado tratamiento en su entorno educativo y psicológico, ni el bono que el Estado entrega a familiares de víctimas de femicidio y corre el riesgo de que su vivienda sea retirada por constar como garantía hipotecaria, en el ISSPOL, por un préstamo realizado por Germán Cáceres, el femicida.
Añadió que por sus propios recursos se acercó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a ONU Mujeres para pedir garantías al proceso de su hija, ya que, a su consideración, las instituciones nacionales no lo han hecho.
Reclamó, también, que Cáceres haya sido trasladado de la cárcel de máxima seguridad, La Roca, a la No. 4, donde van los políticos. Dijo temer por su vida y la de sus hijos, pues ha sido víctima de atentados y persecución por parte del Consejo de la Judicatura, instancia a la que se vio obligada a renunciar.
La legisladora Ana Herrera, quien solicitó participar en la sesión, recordó que en el período anterior fue presidenta de la comisión ocasional que investigó el femicidio de María Belén Bernal. Puso a disposición de la nueva mesa legislativa los resultados del trabajo. Recordó que en el informe que analizó el Pleno del Legislativo se advirtió la responsabilidad del Estado en el caso, porque el femicidio estuvo a manos de un policía y los funcionarios de la institución tenían la obligación jurídica de actuar y no lo hicieron. El informe, dijo, evidenció la omisión y complicidad de la institución y resultado de ello fue censurado Patricio Carrillo.
Los comisionados enfatizaron que la Asamblea Nacional no puede permitir que este caso quede en la impunidad.
Al respecto, el equipo técnico de la comisión presentó una propuesta actualizada para continuar el seguimiento de la resolución, en la que sugiere requerir del MIES, Ministerio de Educación, ISSPOL y Policía el envío de la información sobre su accionar en el caso. Además, exhortar al Presidente de la República la revisión de las autoridades de la Policía Nacional y solicitar la baja inmediata de quienes estuvieron involucrados en el femicidio. Exigir al Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado abstenerse de estigmatizar y difamar a las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos; instar a la Secretaría de Derechos Humanos que celebre cada 9 de diciembre el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, entre otros componentes que serán tratados conforme la agenda que se comprometieron a diseñar para efectivizar el cumplimiento de la resolución.
KV/pv
Más fotografías:
