Sobre la base del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, el Pleno de la Asamblea debatió el contenido y los alcances de la objeción al proyecto de reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que busca dar mayor facilidad a los usuarios, mejorar los servicios públicos, fortalecer las capacidades y las competencias de los entes de control, así como atender el dictamen de la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de los derechos constitucionales referente a la identidad personal.
La presidenta de la Comisión, Paola Cabezas subrayó que tanto el Parlamento como el Ejecutivo, deben cumplir la sentencia No. 133-17-SEP-CC de la Corte Constitucional y aplicar la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos en los que el Estado ecuatoriano debe asegurar la protección de los derechos humanos, aseguró.
La legisladora enfatizó que una de las más importantes reformas plasma el reconocimiento del derecho a la plena identidad de todos y todas con énfasis en la población GLBTI, es decir, sobre la voluntad de cambio de dato del sexo de las personas transexuales en la cédula de identidad; posibilidad de cambio de apellido por posesión notoria e ininterrumpida, entre otros temas, relacionados con las obligaciones de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
En esta ocasión el Pleno de la Asamblea resolvió allanarse a 12 objeciones a los artículos 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 24, 29, 31, 35 y 38, mientras que la moción para ratificar los artículos 10, 18, 19, 21, 22, 30, 34 y la Disposición General Segunda se registraron 89 votos afirmativos. El argumento para allanarse a las sugerencias del Ejecutivo es que los textos observados se sujetan a la sentencia de la Corte Constitucional y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
RSA/pv
Más fotografías:
