Una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en materia de delitos de extorsión, secuestro y tenencia de armas, presentó la asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Gissela Molina.
La legisladora manifestó que ante la ola delictiva que se ha desatado en el país y el insostenible crecimiento de la inseguridad, es imprescindible que la Asamblea Nacional refuerce las leyes y endurezca las penas, conforme a la realidad en la que vivimos.
En relación al delito de secuestro propone un incremento de la pena privativa de libertad, de ocho a doce años. La normativa vigente indica una pena de cinco a siete años. Sobre el secuestro extorsivo plantea extender la pena de quince a veinte años. En la Ley vigente, consta la privación de libertad de diez a trece años.
La reforma también propone tipificar como delito “cuando las personas colaboren con el pago a los secuestradores o efectúen mediación para este objetivo”. En estos casos, serán procesados con la misma pena que los secuestradores. Se extiende la misma sanción a las personas o funcionarios que sugieran o intercedan para no denunciar el delito de secuestro, según la legisladora.
En cuanto al delito de extorsión, la pena propuesta sería de cinco a siete años de prisión. Según la normativa vigente la pena va de tres a cinco años.
La reforma del artículo 360 sobre tenencia y porte de armas, pretende incrementar la pena de prisión entre uno a dos años. Actualmente la pena es de seis meses a un año.
En cuanto a la tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, que consta en el artículo 361 del COIP, la pena aumenta de cinco a ocho años, en lugar de tres a cinco años que es la sanción actual.
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