María Lopera y Juan Espinal, presidenta de la Comisión Séptima y congresista de la Cámara de Representantes de Colombia; Fidel Ycaza, del Consejo Nacional Electoral (CNE); y, Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, acudieron a la Comisión de Enmiendas, con el fin de analizar el proyecto de enmienda al artículo119 de la Constitución.
Este proyecto, que cuenta con el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, exige que para ser asambleísta debe ser mayor de edad y acreditar probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada.
María Lopera, presidenta de la Comisión Séptima y congresista de la Cámara de Representantes de Colombia, expresó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de los ciudadanos, al contar con personas que tengan experiencia y conocimiento tanto en lo político, como en lo económico en la Asamblea Nacional.
Tras recodar que en Colombia la edad mínima para ser legislador es 25 años, mientras en Ecuador solo se exige ser mayor de edad, respaldó la propuesta de enmienda constitucional, argumentando que aumenta los niveles de eficacia y productividad de los miembros de la Asamblea y con ello el pueblo se siente más seguro con la decisiones y resoluciones que adopten.
Comentó que los nuevos requisitos pueden redundar en el bienestar de los ciudadanos y que los legisladores cumplan de mejor manera su función, en razón de que puedan contar con mayores herramientas técnicas como producto de la experiencia. "Son medidas contundentes para garantizar a los postulantes mayores aptitudes y ofrecer a la ciudadanía representantes más calificados y con mayor experiencia", subrayó.
De su lado, Juan Espinal, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, comentó que el proyecto constituye un intento importante para mejorar la representatividad y que el dictamen de la Corte Constitucional da vialidad a la enmienda. Explicó que la Constitución de su país exige como requisito para ser senador 30 años de edad como mínimo y ser colombiano por nacimiento, mientras que para integrar la Cámara de Representantes 25 años de edad y ser ciudadano en ejercicio. Sostuvo que hoy Ecuador se ha puesto el reto de exigir experiencia y capacitación, por lo que respaldó esta iniciativa.
Fidel Ycaza, en representación del CNE, recordó que varios han sido los intentos a lo largo de la historia republicana para establecer los requisitos adicionales a los naturales, es decir, a más de la mayoría de edad para la elección de los representantes. En 1830 los requisitos tenían que ver con lo patrimonial y en 1869, en la denominada Carta Negra, se incorporó un requisito de fe, añadió. Expresó que en el presente caso un ejemplo tiene que ver con el proceso para la elección de los consejeros de Participación Ciudadana, que deben ser ciudadanos, con trayectoria en organizaciones sociales, con experiencia en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción, de reconocido prestigio y de defensa de interés general.
Advirtió que a pesar de que la ley establece los parámetros respecto a la trayectoria, probidad notoria y reconocido prestigio, en la práctica se han presentado algunos problemas, el principal tiene que ver con la objetividad que debería existir para valorar estos requisitos. En ese contexto preguntó qué institución pública o privada está en capacidad de acreditar la experiencia, capacitación o formación, criterio que debe ser considerado en el debate
del proyecto.
A su vez, Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, expresó que este proyecto va a restringir derechos, considerando que vivimos en un país con profundas desigualdades, altos niveles de pobreza, falta de empleo, violencia política y problemas para el acceso a la educación superior.
Así mismo, advirtió que hay un alto nivel de deserción escolar que se profundizó en la pandemia del Covid y hoy por temas de inseguridad, problema que tendrá un fuerte impacto en la juventud y en las mujeres. "En un país desigual incorporar requisitos para ejercer los derechos de participación implica que servirá para personas de un determinado grupo y no para quienes están sumidos en la pobreza y, por ende, no tienen posibilidades de estudiar, de alcanzar experiencia y estar en ciertos espacios. Los afectados con la enmienda serán los jóvenes y las mujeres", finalizó.
PV
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