Paola Pabón, presidenta del Consorcio de Gobierno Autónomos Descentralizados Provinciales (CONGOPE), en su comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad, destacó la urgencia de regular la consulta ambiental, especialmente en un contexto donde los recientes acontecimientos han afectado gravemente nuestro entorno.
Allí enfatizó la necesidad de resolver trámites represados relacionados con autorizaciones, licencias viales y el aprovechamiento responsable de recursos.
En línea con el principio de que "el que contamina paga", se mencionaron dos programas clave: Socio Bosques y Ecuador Carbono Cero. Además, se resaltó la importancia de establecer un sistema integrado para el monitoreo y reporte ambiental, involucrando a comunidades y pueblos indígenas en este proceso.
“Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales han jugado un papel fundamental al establecer más de 130 Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), especialmente aquellas destinadas a proteger fuentes hídricas, representando el 90 % de estas áreas”, resaltó Pabón.
En el marco de las propuestas para la reforma al Código Orgánico del Ambiente, sugirió asignar un presupuesto específico del gobierno hacia un fondo destinado a la gestión ambiental, además de fortalecer otras fuentes de ingresos para este fin.
También se planteó otorgar tiempo a los operadores antes de imponer sanciones, con el objetivo de fomentar el cumplimiento voluntario de las regulaciones ambientales y disponer de información cartográfica validada y compartida con los gobiernos autónomos descentralizados para una mejor gestión territorial.
Estas propuestas y reflexiones marcan un avance significativo en el debate sobre la protección ambiental y la gestión sostenible de nuestros recursos naturales, reafirmando el compromiso conjunto de diversas instituciones y actores en la construcción de un futuro más verde y equitativo para todos.
SJ/pv
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