En el marco de la preparación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió las observaciones de Iván Merchán, juez de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito, y de Ximena Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha.
Sus observaciones se concentraron en la categorización del delito de femicidio, la articulación inmediata de instituciones para el apoyo a familiares de las víctimas de este delito, medidas cautelares, previo al dictamen de sentencia y la posibilidad de que el proyecto implique reformas a otros cuerpos legales, como el COIP, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil.
Los magistrados Merchán y Rodríguez, coincidieron en que la iniciativa legislativa no debe proponer la categorización del femicidio. Para ambos comparecientes, sería un error plantear esta opción debido a que no toda muerte violenta de una mujer corresponde a un femicidio y podrían omitirse otras figuras penales, llegando, inclusive, a quedar ciertos casos impunes.
En este aspecto, los jueces plantearon que la propuesta legislativa, en el tema de reparación integral, se extienda a las mujeres víctimas de toda muerte violenta, así como optar por el término de víctimas indirectas, en referencia a los hijos, hijas y familiares, ya que no toda mujer víctima de una muerte violenta tiene hijos.
También sugirieron considerar en el proyecto de ley la determinación de medidas cautelares antes de que se emitan las sentencias. La jueza, Ximena Rodríguez, manifestó que es imprescindible que la ley tipifique el tipo de medidas cautelares para dar acompañamiento a las víctimas indirectas, pero antes de que un juez dicte sentencia. En este aspecto, recomendó que se identifiquen y clarifiquen expresamente las instituciones que deben articularse para brindar la contención y acompañamiento, especialmente psicológico y económico.
En cuanto a las medidas cautelares económicas, la jueza Rodríguez recomendó que el proyecto prevea la retención inmediata de cuentas, prohibición de enajenar bienes, embargar propiedades, es decir, acciones inmediatas previas a una sentencia, a fin de resguardar a las víctimas indirectas de muertes violentas.
En este aspecto, los asambleístas Paúl Buestán y Jhajaira Urresta consultaron a los jueces si consideran que sea importante sugerir reformas en otros cuerpos legales. Los comparecientes indicaron que por la envergadura del espíritu del proyecto de ley, es posible que el Código de la Niñez, Código Civil, así como en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se vean obligados a reformarse.
Esta fue la sesión N.º 035 de la Comisión de Garantías Constitucionales y estuvo dirigida por el vicepresidente, Adrián Castro, quien reconoció y agradeció por la responsabilidad y mística de los jueces invitados, para contribuir a la construcción de una ley que garantice una reparación integral y justa para los hijos, hijas y familiares de las mujeres que son víctimas de femicidio y otras muertes violentas.
KC/pv
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