En el marco del análisis del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación a Víctimas de Femicidio, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó a Daniel Falconí, viceministro de Economía y Finanzas; Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto; y, a María Pérez, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.
Daniel Falconí enfatizó en la necesidad de realizar un análisis integral desde la óptica de las finanzas públicas, proponiendo una evaluación detallada de los cambios propuestos en el proyecto en relación con la estructura legal existente, incluyendo el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normas contra la violencia de género.
Además, como sugerencia, planteó la invitación al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para llevar a cabo un proceso de consulta sobre el registro de víctimas vinculadas a la violencia de género, buscando así integrar esta información al sistema estadístico nacional y garantizar una conectividad efectiva.
Por su parte, Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto, destacó la importancia de considerar el informe enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas con fecha de 01 de febrero de 2023 y enfatizó su carácter de defensa a las mujeres víctimas de femicidio.
Así mismo, sugirió la conformación de una mesa técnica en colaboración con el Ministerio de Inclusión Económica (MIES), para investigar el bajo uso de los recursos asignados. Por ello, propuso revisar los mecanismos establecidos en el decreto o la normativa secundaria, con el fin de identificar obstáculos y mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
El legislador Adrián Castro solicitó al Ministerio de Finanzas una hoja de ruta para abordar eficazmente esta ley. La asambleísta Paola Cabezas subrayó que esta ley tiene como objetivo regular las funciones de las instituciones sin adoptar un enfoque punitivo. Mencionó la existencia de un fondo de 280 mil dólares para el acompañamiento de víctimas de femicidio, y resaltó la intención de redirigir esos recursos de manera más efectiva.
Finalmente, María Gloria Pérez, en su rol de secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, destacó la importancia de abordar el problema latente que sufren las víctimas de femicidio y resaltó los progresos normativos en el ámbito de la violencia de género desde la promulgación de la Constitución de 2008, planteando la creación de una junta de protección de derechos de las mujeres.
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