Homero Larrea, ministro encargado de la Producción, compareció en la Comisión de Relaciones Internacionales, con la finalidad de observar algunas de las disposiciones del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, relativo a Subvenciones a la Pesca, de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La autoridad señaló que la finalidad del acuerdo es contribuir a la sostenibilidad de los mares y establecer reglamentos que eliminen los subsidios a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), alineándose con el objetivo 7 del Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, sobre el uso responsable de los recursos naturales y el fomento de modelos de desarrollo sostenible.
También indicó que Ecuador ya cuenta con un marco jurídico, que determina expresamente las restricciones para la pesca INDNR. “La Constitución de la República, la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (LODAP) y el Plan de Acción para Eliminar la Pesca Ilegal, ya establecen medidas de seguimiento, control, vigilancia y procesos sancionatorios a este respecto”, manifestó.
El acuerdo también expresa que ningún país miembro concederá ni mantendrá subvenciones a las actividades pesqueras sobre una población marítima sobreexplotada, con la excepción de si estas se aplican para restablecer la población de peces a un nivel biológicamente sostenible.
Entre los beneficios de la ratificación de este instrumento internacional, la autoridad destacó que Ecuador se convertiría, por su importancia marítima en el continente, en un actor fundamental en la lucha contra la pesca ilegal y el fortalecimiento de la economía sostenible.
De su lado, la académica Valeria Noboa aportó una visión sobre este acuerdo desde el derecho ambiental constitucional. “La toma de decisiones estatales en materia ambiental son muy complejas, pues se debe considerar su impacto ecológico, pero también económico. En este sentido, la ratificación de tratados internacionales es sumamente importante para fortalecer el marco jurídico nacional ambiental y viabilizar la protección de los ecosistemas”, señaló.
Para la académica, el tratado permitirá fortalecer políticas de subvenciones para quienes cumplan los requisitos y practiquen la pesca en un marco de acción sostenible y sustentable, además de combatir la sobreexplotación del recurso pesquero, la pesca ilegal y la degradación de la biodiversidad marina.
Una vez concluidas las exposiciones de los invitados, Jonathan Parra, presidente de la comisión, destacó la relevancia de este acuerdo y comprometió el esfuerzo de los legisladores para su análisis y tratamiento.
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